/ domingo 18 de agosto de 2019

Visibilización de una furia y opresión contenidas

México, es una Nación cuya impronta del “machismo” le ha dado sello propio, prácticamente desde los tiempos prehispánicos, sin que hasta ahora su desarrollo social haya podido lograr un verdadero equilibrio genérico, por muchas leyes que en ese sentido se han promulgado.

Sí, juzgar bajo la llamada “perspectiva de género” es todavía una utopía materializada e impuesta a los juzgadores, comprendida y analizada en la norma, pero NO una realidad en nuestro país. Situación que puede explicar el por qué este viernes la Ciudad de México fue testigo de hechos vandálicos inéditos en características, actores e intensidad -tanto en la estación Chapultepec del Metrobús en la Glorieta de Insurgentes, como en la Estación de Policía en la calle Florencia y en el Monumento a la Independencia-, ocurridos al término de la más amplia concentración de mujeres que ha tenido lugar en la historia del país. Manifestación cuyo principal reclamo era exigir la intervención cabal del gobierno ante la ola de delitos de los que ha sido objeto la población femenina -particularmente a raíz de violaciones atribuidas presuntamente a miembros de cuerpos policíacos-, pues hasta ahora la autoridad responsable capitalina ha tenido una débil participación en las investigaciones, poniendo con ello en riesgo poder acceder a la verdad de los hechos y aspirar a la Justicia.

Razón que nos debe llevar a una reflexión social, política, jurídica y, sobre todo, cultural: los lamentables sucesos han visibilizado la grave descomposición social que enfrentamos y develado una problemática profunda que ni la sociedad ha querido reconocer ni las administraciones de gobierno en turno resolver, evidenciando la dramática falta de un Estado de Derecho que pueda proteger y salvaguardar la seguridad e integridad de la ciudadanía. Y es que si bien es condenable el ejercicio abusivo de la fuerza pública, su no ejercicio es execrable cuando no solo el patrimonio público y privado de la ciudadanía está en peligro, sino también la integridad física de las personas. Lo que hemos visto, en consecuencia, es producto de la escalada de la violencia por la desatención reiterada que la autoridad ha mostrado frente al eterno y desesperado reclamo femenino contra el abuso, maltrato y violencia de los que ha sido y es objeto en todos los ámbitos: lo mismo en la casa que en la calle, en su centro de estudios que en su sede laboral.

Hoy en día, las redes sociales comienzan a favorecer que las voces femeninas se eleven y que la organización entre ellas y los colectivos se fortalezca, pero de nada sirve si al llegar ante la autoridad ésta minimiza la denuncia y desatiende los protocolos de género a los que está obligada en cumplir. Que pueda haber excesos y calumnias por parte de algunas mujeres -como en todo-, es factible, pero no es razón para que una autoridad minusvalore la necesidad de intervenir y actuar con toda responsabilidad en cada uno de los casos en que la denunciante sea mujer ante las circunstancias propias de su vulnerabilidad genérica y social. De la misma manera, la sociedad debe trascender su pasado cultural y asumir que, si bien el respeto debe ser igual para todos -más allá de género y condición-, toda persona que por alguna circunstancia se encuentra en condición de desventaja, debe ser objeto de una atención especial acorde a su vulnerabilidad.

Por eso mismo, a la lucha enarbolada hoy por las mujeres la perjudica el vandalismo añejo de obscura raíz que, lejos de abonar a su legítima causa, le confronta con la sociedad, pero más la lacera un elemento que subyace como causa detonadora del reclamo femenino: la omisión de la autoridad en el actuar. Omisión en el pasado por no atender y menos resolver cada uno de los casos. Omisión en el presente porque, so pretexto de que se estaba respetando la libre expresión social, la ausencia de la fuerza pública expuso a paramédicos, miembros de agrupaciones pacifistas y ciudadanía en pleno ante la violencia desatada, al grado de motivar a los propios ciudadanos a terminar protegiendo -kafkianamente- a los cuerpos policíacos del vandalismo.

En números, solo entre 2015 y 2018, los feminicidios se duplicaron. Actualmente: Veracruz, Estado de México, Puebla y Chihuahua, encabezan la lista entre los estados, mientras Cd. Juárez, Xalapa, Villahermosa, Coatzacoalcos, Veracruz y Chihuahua lo hacen entre los municipios, en tanto que la cifra de violaciones está subsumida entre los delitos contra la vida e integridad corporal.

México y sus mujeres están hartos de ser invisibles ante la autoridad. Todo tipo de violencia debe ser frenada -algo tan “simple” como un “tendedero” de denuncias en una comunidad escolar, puede ser la punta del iceberg que advierte de una situación de abuso generalizado- y LA AUTORIDAD, en todos los órdenes, no puede permitir que su escalada avance impunemente: ES SU DEBER ACTUAR y DEBE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD.

bettyzanolli@gmail.com\u0009\u0009\u0009@BettyZanolli

México, es una Nación cuya impronta del “machismo” le ha dado sello propio, prácticamente desde los tiempos prehispánicos, sin que hasta ahora su desarrollo social haya podido lograr un verdadero equilibrio genérico, por muchas leyes que en ese sentido se han promulgado.

Sí, juzgar bajo la llamada “perspectiva de género” es todavía una utopía materializada e impuesta a los juzgadores, comprendida y analizada en la norma, pero NO una realidad en nuestro país. Situación que puede explicar el por qué este viernes la Ciudad de México fue testigo de hechos vandálicos inéditos en características, actores e intensidad -tanto en la estación Chapultepec del Metrobús en la Glorieta de Insurgentes, como en la Estación de Policía en la calle Florencia y en el Monumento a la Independencia-, ocurridos al término de la más amplia concentración de mujeres que ha tenido lugar en la historia del país. Manifestación cuyo principal reclamo era exigir la intervención cabal del gobierno ante la ola de delitos de los que ha sido objeto la población femenina -particularmente a raíz de violaciones atribuidas presuntamente a miembros de cuerpos policíacos-, pues hasta ahora la autoridad responsable capitalina ha tenido una débil participación en las investigaciones, poniendo con ello en riesgo poder acceder a la verdad de los hechos y aspirar a la Justicia.

Razón que nos debe llevar a una reflexión social, política, jurídica y, sobre todo, cultural: los lamentables sucesos han visibilizado la grave descomposición social que enfrentamos y develado una problemática profunda que ni la sociedad ha querido reconocer ni las administraciones de gobierno en turno resolver, evidenciando la dramática falta de un Estado de Derecho que pueda proteger y salvaguardar la seguridad e integridad de la ciudadanía. Y es que si bien es condenable el ejercicio abusivo de la fuerza pública, su no ejercicio es execrable cuando no solo el patrimonio público y privado de la ciudadanía está en peligro, sino también la integridad física de las personas. Lo que hemos visto, en consecuencia, es producto de la escalada de la violencia por la desatención reiterada que la autoridad ha mostrado frente al eterno y desesperado reclamo femenino contra el abuso, maltrato y violencia de los que ha sido y es objeto en todos los ámbitos: lo mismo en la casa que en la calle, en su centro de estudios que en su sede laboral.

Hoy en día, las redes sociales comienzan a favorecer que las voces femeninas se eleven y que la organización entre ellas y los colectivos se fortalezca, pero de nada sirve si al llegar ante la autoridad ésta minimiza la denuncia y desatiende los protocolos de género a los que está obligada en cumplir. Que pueda haber excesos y calumnias por parte de algunas mujeres -como en todo-, es factible, pero no es razón para que una autoridad minusvalore la necesidad de intervenir y actuar con toda responsabilidad en cada uno de los casos en que la denunciante sea mujer ante las circunstancias propias de su vulnerabilidad genérica y social. De la misma manera, la sociedad debe trascender su pasado cultural y asumir que, si bien el respeto debe ser igual para todos -más allá de género y condición-, toda persona que por alguna circunstancia se encuentra en condición de desventaja, debe ser objeto de una atención especial acorde a su vulnerabilidad.

Por eso mismo, a la lucha enarbolada hoy por las mujeres la perjudica el vandalismo añejo de obscura raíz que, lejos de abonar a su legítima causa, le confronta con la sociedad, pero más la lacera un elemento que subyace como causa detonadora del reclamo femenino: la omisión de la autoridad en el actuar. Omisión en el pasado por no atender y menos resolver cada uno de los casos. Omisión en el presente porque, so pretexto de que se estaba respetando la libre expresión social, la ausencia de la fuerza pública expuso a paramédicos, miembros de agrupaciones pacifistas y ciudadanía en pleno ante la violencia desatada, al grado de motivar a los propios ciudadanos a terminar protegiendo -kafkianamente- a los cuerpos policíacos del vandalismo.

En números, solo entre 2015 y 2018, los feminicidios se duplicaron. Actualmente: Veracruz, Estado de México, Puebla y Chihuahua, encabezan la lista entre los estados, mientras Cd. Juárez, Xalapa, Villahermosa, Coatzacoalcos, Veracruz y Chihuahua lo hacen entre los municipios, en tanto que la cifra de violaciones está subsumida entre los delitos contra la vida e integridad corporal.

México y sus mujeres están hartos de ser invisibles ante la autoridad. Todo tipo de violencia debe ser frenada -algo tan “simple” como un “tendedero” de denuncias en una comunidad escolar, puede ser la punta del iceberg que advierte de una situación de abuso generalizado- y LA AUTORIDAD, en todos los órdenes, no puede permitir que su escalada avance impunemente: ES SU DEBER ACTUAR y DEBE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD.

bettyzanolli@gmail.com\u0009\u0009\u0009@BettyZanolli

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