La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en su informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, apuntó hace dos días, que la sección, en la que una servidora pública denuncia las noticias “críticas” para el Gobierno de México, contraviene estándares interamericanos sobre libertad de expresión. Además, lo consideró un espacio para “estigmatizar y descalificar el trabajo de la prensa”, por lo que exhortó al “Estado a suspender esta práctica”.
Como era de esperarse, el titular del Ejecutivo Federal respondió con un rotundo no, al exhorto del organismo internacional, considerando que se trata de una conducta intervencionista.
Si a lo anterior le sumamos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde declara inválida la reforma a la Ley General de Comunicación Social, que entre otras cosas contenía justificar la libertad de expresión de funcionarios, a través del modelo de conferencias; proteger las declaraciones que vertieran los mismos “en ejercicio de sus funciones”; dar fundamento a una especie de tribunales mediáticos (“quien es quien”) para “informar” a la ciudadanía y que los servidores públicos no fueran sancionados en esta materia. Todo ello, pese a la prohibición constitucional.
Pero ahí, no para todo, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió por unanimidad un añejo procedimiento sancionador del tiempo en que se realizó la consulta de revocación del mandato, donde no sólo considera una presunta difusión de propaganda gubernamental por parte del Director de PEMEX y el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; sino que, además, estimaron los Magistrados electorales que el Ejecutivo Federal tiene que garantizar un deber de cuidado respecto a lo que señalan sus subalternos -en este caso- en la conferencia matutina, cuando hay un proceso de revocación en curso, lo que sería aplicable a futuros procesos electorales.
No es de extrañarse que el Ejecutivo y su partido continúen con una postura contra el Poder Judicial Federal y organismos internacionales protectores de derechos humanos, por sus decisiones o recomendaciones.
Ante este momento, la libertad de expresión ha tomado un aliento con el respaldo judicial, pero pese a ello seguirán los embates o buscar las salidas o interpretaciones jurídicas que más convengan, por ejemplo, el partido gobernante presentó en la Permanente una iniciativa para que se pueda sancionar a moderadores de debates, que muestren “parcialidad”; así no habrá periodista que acepte colaborar, es subjetivo e inquisitorio lo que proponen.
Que quede claro, no se trata de quién gana o quién pierda, menos tratándose de la libertad de expresión, porque dicho derecho humano es de todos, sin excepción; pero también, es cierto, que el respeto y la tolerancia deben ser su guía, de lo contrario, agárrense, será una batalla sin fin.
