Vaya semana para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de inicio se “filtró” el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, plan B, parte I. Estas modificaciones legales ampliaron el actual modelo de comunicación gubernamental para dar mayor holgura a las expresiones de los servidores públicos y establece que se considerará como falta no grave cuando en la propaganda gubernamental se haga la promoción personalizada de un servidor público.
El proyecto de sentencia propone invalidar toda la reforma por vicios ocurridos durante el procedimiento legislativo, es decir que no se pronuncia sobre el fondo del asunto en cuanto a determinar si es constitucional o no, el “nuevo” modelo de comunicación gubernamental, ni sobre las libertades de las autoridades para defender sus proyectos o rectificar a sus adversarios o sobre si la responsabilidad es grave o leve cuando se hace una promoción personalizada de un funcionario.
La argumentación del proyecto estima que hay una violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución, al existir un cumulo de irregularidades durante el proceso legislativo, como: la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión, hubo inobservancia de las disposiciones reglamentarias de cada Cámara, con motivo de ello se vulnero el principio de deliberación parlamentaria.
Después de la filtración, hubo queja de parte del Ejecutivo Federal en contra de la SCJN alegando que se estaba divulgando información reservada y se faltaba al principio de imparcialidad respecto de un asunto que todavía no se discutía, en respuesta la SCJN tuvo que listar el caso para la sesión del día de ayer o siguientes.
Además de que la Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó a la SCJN, que primero resuelva las impugnaciones de 2018 contra Ley General de Comunicación Social -cuando se expidió- antes de pronunciarse sobre su reforma de 2022, lo cual quedará a decisión de la Corte; aunque, cabe recordar que en el caso de la Guardia Nacional primero resolvieron la reforma de 2022 y luego la de 2019.
Esto demuestra el “pataleo” de parte del gobierno federal que no quiere otra derrota frente a la Corte, sin olvidar, que falta la segunda parte del plan B-electoral y todo el desaseo legislativo del fin de semana pasado.
Lo que debe tener cuidado la SCJN es la “ola” de ataques que ya comienzan a sentir de parte de la 4T, en una especie de “guerra de guerrillas”, que a lo único que llevará es poner a ambos Poderes de la Unión, frente a frente, como se fuera una pelea de box. Por eso la 4T apuesta al desgaste de la Corte con ataques a base de palabrerías y ofensas, a lo que nunca tendrán respuesta, sólo la interpretación de la Constitución.
