Han sido días de resoluciones judiciales contrarias a los intereses del gobierno de la 4T, lo que se da en el contexto de la intención del Ejecutivo Federal de renovar al Poder Judicial para que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular o de forma indirecta; iniciativa que se conocerá a detalle el próximo lunes 5 de febrero.
Mientras tanto sabemos que, los jueces federales le negaron a la 4T que se abriera nuevamente el caso Colosio; también trascendió que se concedió un amparo a un periodista contra los ataques de la “mañanera”, éste precedente será de suma importancia para la libertad de expresión bajo el principio de que ningún periodista debe ser perseguido por las autoridades en razón de las opiniones que expresa respecto de temas de interés público; pero el revés judicial que pegó en la línea de flotación del régimen es el relativo a invalidar la reforma eléctrica de 2021 que favorecía a CFE frente a empresas privadas en la generación de electricidad.
En este mismo espacio, el 12 de enero pasado, hacíamos referencia a este último juicio en contra de la Ley de la Industria Eléctrica y señalábamos que el régimen de la 4T en nombre de la “Rectoría del Estado" estaba emitiendo actos y decretos de carácter expropiatorio para justificar su intervención en perjuicio de la iniciativa privada, tal parece que el contrapeso judicial está funcionando, pero ante las batallas perdidas vendrá la (sobre) reacción del régimen.
El Poder Judicial tiene diversos asuntos para abordarse que podrían representar sentencias en contra para la 4T: destacan los asuntos aprobados “fast track” en el Senado en abril de 2023 (“viernes negro”), que se invalidarían al haberse violado el debido proceso legislativo, ha trascendido que ya hay 4 proyectos por la invalidez, uno de ellos anularía el régimen que permite la operación ferroviaria a militares, lo que podría sepultar los proyectos emblemáticos del tren maya y el del istmo.
Pero previo a las impugnaciones del “viernes negro” están listados para abordarse en la Suprema Corte: las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Hidrocarburos y la extinción de fideicomisos, en ambos casos, en ponencias de ministros que no son afines a la 4T; además hay media centena de asuntos en contra de leyes y actos de gobiernos morenistas locales y de la Federación.
Como se aprecia, en los meses por venir (marzo-junio) pudieran existir fallos judiciales que empalmen con el desarrollo de las campañas electorales, que dependiendo del sentido de sus resoluciones podrían ser utilizados en el debate político; aunque, en teoría, se parte de la base que no hay una intencionalidad del poder judicial por politizar el ambiente con sus decisiones, ese no es su papel.
Nos encontramos en una etapa donde el cálculo y la sensibilidad política tendrán un papel central, ante un panorama político-electoral que se percibe enrarecido, polémico y en un marco de inseguridad, donde tendrán que prevalecer la razón y la aplicación de la ley.
