Durante el último día del 2019, se registró una riña en el Centro Regional de Reinserción Social (CERERESO) Varonil de Cieneguillas, Zacatecas. La riña dejó 16 presos muertos y 5 lesionados; dos días después, el 2 de enero, un nuevo enfrentamiento tuvo como saldo cinco internos heridos y uno más fallecido. El Estado Mexicano es el responsable de la vida e integridad de cada una de las personas internas en los centros de readaptación social de nuestro país, se supone que las autoridades penitenciarias están a cargo de garantizar que estas personas reciban un trato digno mientras purgan su condena y que, por medio de diversas acciones, se logre su reintegración a la sociedad.
Sin embargo, desde hace siglos, las condiciones carcelarias no siempre han sido propicias para la reinserción social; recuerde, por ejemplo, al personaje Jean Valjean cómo describe su vivencia 19 años en la cárcel, y su aventura para “recuperar su alma” y dar paso a una mejor versión de sí mismo. Los Miserables nos permite entrever que la reintegración de un condenado a la sociedad requiere múltiples acciones, ya que la pena no “rehabilita” por sí misma.
Desafortunadamente, el aumento de penas y la prisión preventiva oficiosa para responder a la crisis de seguridad que vivimos aumentarán los problemas de nuestro ya deficiente sistema penitenciario. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se muestra que el autogobierno, la falta de personal, condiciones deficientes de higiene, inadecuado manejo de atención de incidentes violentos y falta de programas laborales y de capacitación son los rasgos distintivos de nuestros centros de internamiento. Sin embargo, el DNSP ha detectado mejorías en cuanto números, debido a que la calificación nacional más baja (6.02) fue en 2014 y, en 2019, alcanzó el 6.75.
En específico, el CERERESO varonil de Cieneguillas tiene una calificación de 5.51 en el DNSP 2019, lo que implica, entre otros temas, insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos, deficientes condiciones materiales e higiene en las instalaciones, deficiencias en las condiciones e higiene del área médica, mala alimentación, insuficiente personal de seguridad y custodia, fallas en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias, autogobierno y escasas actividades laborales, de capacitación y deportivas.
El inicio del nuevo año es una oportunidad para reflexionar sobre lo alcanzado y lo que nos falta por lograr, nos da la oportunidad de rectificar el camino. Nuestro país requiere una verdadera política criminal, la cual no puede limitarse al aumento de las penas de prisión o al establecimiento de la prisión preventiva oficiosa para un número cada vez mayor de delitos. Debe ser, en cambio, una estrategia integral, que incluya acciones para prevenir los delitos, fomentar la cultura de la denuncia, eliminar la impunidad, mejorar la investigación de los hechos delictivos y la eficiencia de los procesos penales, asegurar una adecuada reparación del daño a las víctimas. Esto sin dejar de lado las medidas indispensables para erradicar el autogobierno, el hacinamiento, la corrupción, la violencia y los malos tratos al interior de las cárceles del país. La paz y la tranquilidad que tanto anhelamos depende de todo ello.
