Hace algunos años nos tocó representar a una víctima del delito. La transgresión se había cometido por un hombre muy joven en agravio de una mujer de su edad. Querido lector, el crimen es muy difícil de narrar en este espacio, sin embargo, se puede decir que fue un hecho muy violento. El ministerio público clasificó mal el delito. Allí estuvo el primer problema, pues había que litigar que la acusación fuera correcta.
La caracterización de los delitos se tuvo que pelear en tribunales y, al final, se hizo una justa acusación por parte del ministerio público. El delincuente escapó y fue capturado a cientos de kilómetros para enfrentar juicio. Ahora, el delincuente y su abogado no querían llegar a un acuerdo respecto de la reparación del daño, lo que retrasó más llegar al proceso judicial. Además, la comunidad política donde vivía la víctima no mostró rechazo y sanción por los hechos, incluso hubo ciertos argumentos a favor del atacante.
El día señalado para que iniciara el proceso, el abogado particular del acusado renunció a su representación, lo que retrasó más las cosas. Sin embargo, tiempo después y con el abogado de oficio se pudo llegar a un acuerdo de reparación del daño y el delincuente se pudo apegar a los beneficios que le permitía la ley. Él había pasado un tiempo en prisión y ahora reparaba el daño en términos económicos. El atacante pudo, de algún modo, reinventar su vida en la cárcel. Entiendo que ahora es una persona que tiene este episodio en tiempo pasado. Sin embargo, con la víctima no fue así.
La víctima del delito se desgastó mucho en el proceso judicial y el evento delictivo cambió algo dentro de ésta. Ella ya no podía volver a su vida ni la pudo reinventar. El daño por el retraso en la justicia fue demoledor. Creo, que la víctima de ese delito sigue viviendo ese lapso en tiempo presente. Querido lector, todo esto viene a cuento, por la necesidad de que las fiscalías entiendan la necesidad de procesos judiciales que no desgasten a las víctimas, que las fiscalías instrumenten procesos de apoyo que vayan más allá del plano jurídico, y que la reparación del daño económico solo es un aspecto dentro de un abanico de posibilidades de reparación. El tiempo que el acusado pasó en prisión no compensó ni reparó el daño a la víctima, lo que demuestra que la cárcel, no es un proceso de reparación por sí mismo para todas las víctimas. Así mismo, la sociedad no entiende de la gravedad de los delitos que se cometen en agravio de las mujeres, y el daño que esto produce.
La fiscalía no cumple con su trabajo cuando obtiene una sentencia condenatoria, si la víctima ha sufrido un daño psicológico por el propio proceso judicial. Las fiscalías no se pueden sentir satisfechas cuando el proceso judicial tarda años. La reparación del daño en términos económicos siempre es insuficiente. Tenemos mucho que avanzar en términos de justicia, un primer paso es que esta sea lo más rápida posible, tanto por el acusado como por la víctima, y que la sociedad entienda lo grave que es la violencia de género. Ni una sentencia condenatoria ni una reparación del daño son sinónimos de justicia. Hay muchas leyes y políticas públicas a favor del acusado después de que compurga la pena. Necesitamos políticas públicas a favor de las víctimas del delito una vez que se cierra el proceso judicial.
