Hace un par de semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para desaparecer al órgano nacional de transparencia y traspasar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.
El argumento principal es que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) representa un costo oneroso para la sociedad y que, por lo tanto, hay que destinar esos recursos a enfrentar las secuelas de la pandemia.
Si México viviera bajo una cultura de la apertura gubernamental y si todos ejerciéramos por igual el derecho a saber, no se requeriría un órgano garante. Sin embargo, la evidencia dice lo contrario.
La creación del INAI fue producto de las luchas ciudadanas por eliminar la opacidad y la corrupción de los gobiernos. Es verdad que, a pesar de tener un alcance nacional y de ser la cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, su labor ha sido insuficiente pero progresiva en el acceso de todos a la información. Aún así, ha permitido exhibir la opacidad con la que se manejan los gobiernos en sus tres niveles. Por lo tanto lo que se requiere es fortalecer y revisar el modelo, no eliminarlo.
La existencia del INAI ha sido fundamental para la investigación periodística, la exigencia de rendición de cuentas, la movilización ciudadana y el combate a la corrupción. Casos como la Estafa Maestra, el Socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, Odebrecht y la red de financiamiento ilícito de campañas electorales, conocida como Operación Zafiro, no se hubieran podido conocer sin la autonomía con la que funciona esta institución.
Gracias al INAI se ha constatado que mucha de la información que se dice en las mañaneras es falsa o imposible de constatar. En consecuencia, los recursos de revisión en la oficina de la Presidencia de la República, es decir el mecanismo para inconformarse por la información solicitada, aumentó en el último año en un 72 por ciento.
Pese a su importancia, desde el inicio de esta administración, el INAI ha recibido recortes presupuestarios cercanos al 20 por ciento. Actualmente, recibe poco más de 905 millones de pesos, lo cual representa un centavo de cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la federación. Además, casos como los contratos de las vacunas de COVID-19, la explosión de Tlahuelilpan o las obras de Santa Lucía se mantienen en la opacidad a pesar de las solicitudes que se han hecho al respecto.
En contraste, la Secretaría de la Defensa no solamente ha aumentado su presupuesto en 39 por ciento sino que ha extendido sus funciones a áreas de obra pública, seguridad ciudadana, vigilancia de puertos y hasta supervisión de la estrategia de vacunación. Por si fuera poco, en este mes se aprobó un decreto de dudosa constitucionalidad que confirma que el Ejército y la Fuerza Aérea podrían prestar cualquier otro servicio si así lo señala el presidente.
En abril del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución 1/2020 mediante la cual alertó a sus Estados integrantes sobre la necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos en la gestión de la pandemia. Ante la tendencia creciente a restringir derechos a través de decretos y normas de distinta naturaleza, esta comisión consideró que el derecho a saber es una de las prioridades.
Eliminar al INAI en medio de la crisis económica y social por la COVID-19 sería renunciar a los derechos ganados hasta ahora. Con la creciente militarización tenemos el escenario perfecto para una tragedia.
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