Hoy, amable lector, se celebra el día internacional de los derechos humanos. Un día como hoy, pero hace setenta y un años, los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, especialmente en el contexto de la crisis de seguridad pública que atravesamos desde hace unos años.
Muchas veces se piensa, erróneamente, que los derechos humanos son “para los delincuentes” y que “solo sirven para entorpecer la labor de la policía” o “para dejar libre a un criminal”. No, los derechos humanos son prerrogativas que responden a necesidades humanas básicas, configuradas para proteger la dignidad humana y que, a la vez, son límites al poder estatal. De acuerdo con nuestra Constitución, todas las personas que habitamos este país somos titulares, sin discriminación alguna, de los derechos humanos reconocidos por la misma Constitución y los tratados internacionales. Desafortunadamente no todos estamos familiarizados con ellos o en cómo operan, y con esto se genera la percepción de que son obstáculos para enfrentar la crisis de seguridad que vivimos.
Uno de los temas más sensibles en esta crisis: es la desaparición de personas, apenas el domingo pasado se reportaron las desapariciones de tres jóvenes y una niña en la zona de Boca del Río, Veracruz, y el mismo día se localizó el cuerpo sin vida de un joven reportado como desaparecido el viernes previo en Pachuca, Hidalgo. Para atender esta problemática, se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, la cual estableció un andamiaje institucional para la investigación y sanción de estos delitos, así como para la localización de las víctimas, integrado por la Comisión Nacional de Búsqueda, sus homólogas locales y por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República que, a casi dos años de su entrada en vigor, no ha alcanzado los resultados esperados.
Diversos factores han contribuido a esta falta de resultados, por ejemplo: el significativo incremento en el número de homicidios superó, por mucho, la capacidad de los servicios forenses para garantizar la efectiva identificación de los cadáveres localizados y su trato digno. A esto, hay que sumar los cuerpos inhumados en fosas clandestinas. También hay que considerar la falta de recursos económicos y humanos en las áreas de búsqueda, forense y de investigación, así como retrasos en la creación de las Comisiones Locales de Búsqueda.
Estos pendientes tienen un grave costo humano: miles de personas y de familias, en nuestro país, pasan horas llenas de angustia preguntándose por una hija, un hermano, una madre, un padre, una abuela o un primo, que salió de casa por la mañana para ir a la escuela o a trabajar, tal vez a hacer un mandado, y que nunca volvió. La incertidumbre, la falta de atención, profesionalismo y empatía que, desafortunadamente caracteriza a algunos funcionarios públicos, los pocos avances en las investigaciones y la espera por años de justicia generan un sufrimiento atroz en los familiares de las personas desaparecidas. Un sufrimiento al que como sociedad no debemos ser indiferentes. Es necesario que la creación de normas jurídicas cuente con instituciones adecuadas y con funcionarios sensibles y capacitados en estos tópicos, ya que en caso contrario nunca lograremos entender la importancia de los derechos humanos.
