En México arrancamos el año con una serie de problemas, amenazas y crisis en distintas áreas, pero, como si estuviésemos en una situación muy distinta, gran parte de la energía nacional se consume en la polarización política, una carrera electoral más adelantada que nunca y debates innecesarios, como con la consulta de revocación de mandato.
En la realidad están la violencia sin freno y la impunidad en diversas zonas, no pocas de las cuales parecen, en gran medida, bajo control de la delincuencia o con severa limitación de la gobernabilidad aquí y ahora, no en un hipotético escenario de vacío de poder.
Con las cifras que acaba de publicar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para completar la información del 2021, el año pasado hubo más de 33 mil 300 homicidios dolosos. En lo que va del sexenio, van más de 102 mil 500, 17 mil 400 arriba que en los tres años previos. Así, seguimos con una tasa cercana a 27 por 100 mil habitantes. Para poner en perspectiva, a escala internacional debe andar en torno a 5 por 100 mil, conforme a estadísticas de Naciones Unidas.
También con información oficial, el año pasado hubo casi 295 mil víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal. En el 2018 fueron cerca de 280 mil. Con el mismo comparativo, la incidencia de secuestro habría bajado 41%, pero la extorsión subió 60 por ciento. Y aquí cabe recordar que la cifra negra general (delitos no denunciados) se estima en más de 92%, cuando la impunidad probablemente llega a 95% en los casos denunciados, según México Evalúa.
Mientras tanto, la economía presenta signos claros de deterioro. Con la inversión contraída y en niveles similares a los de hace 10 años, el panorama, tras la mayor recesión en casi 100 años, es de estancamiento, y en este momento, con la mayor inflación en dos décadas.
En los 30 años previos al arranque de este sexenio, México creció al 2.66% anual promedio. Si eso ya era insuficiente para las necesidades y el potencial del país, consideremos que en los últimos tres años, de cerrar 2021 con un incremento del PIB de 5.7%, la media anual será -0.9 por ciento. Suponiendo que en 2022 creciéramos 2.7%, algo que ya parece optimista, y en adelante a la tasa inercial de las tres décadas previas al 2018, el promedio sexenal sería 0.85% anual, menos de la tercera parte. El problema es que ejercicios prospectivos internacionales ubican nuestro crecimiento abajo de 1.5% anual desde el 2023: de ser el caso, el promedio sería 0.45%; seis años perdidos en crecimiento.
El golpe a los ingresos de la población es inevitable. Por lo pronto, en tres años, el PIB per Cápita cayó 10 por ciento. Ese dato se agrava si consideramos la desigualdad en la distribución en el ingreso. En 2018, el índice Gini (0 perfecta igualdad y 1, desigualdad total), según las estadísticas del Banco Mundial, estaba en 0.45; en 2021, conforme a datos de pobreza laboral del Coneval, pasaba de 0.5. De acuerdo con esta institución, responsable de la medición de la pobreza, entre 2018 y 2020, la población en dicha situación de 51.9 a 55.7 millones de personas, con 2.1 millones más en pobreza extrema.
Nuestra economía se ha hecho más pequeña, con menos ingresos distribuibles, mayor desigualdad en su distribución y más personas en pobreza.
Mientras aumentan los focos amarillos y rojos internos, la economía global se enfila a un cambio de ciclo tendiente al fortalecimiento del dólar y alzas en las tasas de interés. Inevitablemente, esto presionará las finanzas públicas, que adolecen de vulnerabilidades como Pemex y sus pérdidas astronómicas y amenazas como la contrarreforma eléctrica, que de pasar costaría decenas de miles de millones de dólares al gobierno y al país.
En esas circunstancias, ha aumentado la deuda pública en términos relativos. A pesar de que se recortaron significativamente las capacidades del Estado, con la desaparición de varias instituciones y dependencias, y de que fuimos uno de los pocos países sin política fiscal contracíclica ni apoyos emergentes para empresas y personas durante la recesión. Nos quedamos sin fideicomisos, fondos y ahorros para emergencias, en gran medida a cambio de gasto corriente y el sostenimiento de inversiones públicas de dudosa viabilidad y no urgentes en medio de una pandemia.
En el contexto de otra oleada de contagios, no acabamos de ser capaces de implementar una respuesta efectiva y ha quedado al desnudo la precariedad de nuestro sistema de salud, con una trágica novedad a las carencias heredadas: recurrentes desabastos de medicinas.
A pesar de esta crisis multidimensional, no se ve en el horizonte que se quiera dar oportunidad al diálogo constructivo con las formaciones políticas y sectores del país, como el empresarial, para resolver los problemas. Hay una interlocución rota, lo que reproduce la división y el conflicto. Entre tanto, la incertidumbre y un aumento de la opacidad y la discrecionalidad en la gestión gubernamental paralizan la planeación en muchos ámbitos. Se frena el emprendimiento, la inversión, el desarrollo de proyectos de toda índole en la sociedad.
Hay que insistir: debemos tomar en serio los datos de la realidad. Un pueblo –en una república, todos– puede abstraerse en el teatro de la política –o más bien de los políticos– por un tiempo. Lo que no es posible es vivir de ello indefinidamente. La realidad lo recordará tarde o temprano.
