/ miércoles 11 de septiembre de 2019

El poder judicial y la justicia penal

La reforma al sistema de justicia penal modificó el esquema tradicional del ejercicio de los jueces. En el llamado sistema tradicional o inquisitivo, los jueces emitían sus sentencias por escrito en procesos donde tenían poca visibilidad pública. Ahora, con los juicios orales el ciudadano y los medios de comunicación pueden apreciar el desempeño profesional o no, de los fiscales; los argumentos de la defensa; la calidad de las pruebas que se presentan; y sobre todo la forma como el juez conduce el proceso y dicta su sentencia. El tener una justicia penal de mayor visibilidad pública, propicia que los jueces permanentemente se vean sometidos al escrutinio público, y con ello, se convierten en actores fundamentales de la vida institucional del país.

Si a lo anterior, le agregamos que en el último año los casos de corrupción tienen un alto impacto, los jueces han adquirido un papel determinante y colateral en la política. A veces el camino es sinuoso, por ejemplo, en un procedimiento abreviado donde el procesado admite la culpa, en el sistema acusatorio se le otorga un beneficio que disminuye drásticamente la pena. En este caso, aunque el juez aplique la ley puede ser severamente cuestionado, el ambiente de inseguridad en que vivimos que nos tiene atemorizados, exige penas severas. Una sentencia de esta naturaleza, aunque esté ajustada a la ley puede producir una seria crisis institucional que influye en la esfera social.

El problema se agrava cuando los jueces decretan libertades por errores procesales o porque el fiscal no pudo probar los sucesos delictivos. Los hechos más comunes son la falta de claridad en los informes que llenan los policías al momento de la detención y la carencia de pruebas científicas obtenidas en laboratorios forenses, en este último caso, en el país existe un déficit considerable de peritos. La justicia penal no puede emitirse en plenitud cuando existen eslabones que están agrietados. El sistema de seguridad pública y de procuración de justicia tiene fuertes carencias, el juez penal debe ser consiente y actuar con responsabilidad de Estado permitiendo la acreditación de pruebas que refieran la verdad de los hechos.

El Poder Judicial, es un actor más que incide en la vida política del país, y a la fecha su imagen pública está colocada en un lugar intermedio comparándolos con otras instituciones del Estado. En los últimos meses se han presentado diversos casos que cuestionan a jueces penales por dejar libres a presuntos delincuentes. Existe una premisa en el Poder Judicial que cada juez tiene libertad para emitir sus resoluciones. Aunque ello debería ser así, es necesario tener una supervisión más rígida de los jueces y en caso de que se cometan ilegalidades o hasta actos de corrupción, tener esquemas rápidos para separarlos del encargo y castigarlos. Si el fallo generó polémica, pero se apegó a la ley, deberían tener una estrategia para saber comunicarlo. En tiempos de cambios, existen oportunidades, hay que adaptarse al soplar de los vientos para construir confianza pública y legitimidad en su ejercicio.

La reforma al sistema de justicia penal modificó el esquema tradicional del ejercicio de los jueces. En el llamado sistema tradicional o inquisitivo, los jueces emitían sus sentencias por escrito en procesos donde tenían poca visibilidad pública. Ahora, con los juicios orales el ciudadano y los medios de comunicación pueden apreciar el desempeño profesional o no, de los fiscales; los argumentos de la defensa; la calidad de las pruebas que se presentan; y sobre todo la forma como el juez conduce el proceso y dicta su sentencia. El tener una justicia penal de mayor visibilidad pública, propicia que los jueces permanentemente se vean sometidos al escrutinio público, y con ello, se convierten en actores fundamentales de la vida institucional del país.

Si a lo anterior, le agregamos que en el último año los casos de corrupción tienen un alto impacto, los jueces han adquirido un papel determinante y colateral en la política. A veces el camino es sinuoso, por ejemplo, en un procedimiento abreviado donde el procesado admite la culpa, en el sistema acusatorio se le otorga un beneficio que disminuye drásticamente la pena. En este caso, aunque el juez aplique la ley puede ser severamente cuestionado, el ambiente de inseguridad en que vivimos que nos tiene atemorizados, exige penas severas. Una sentencia de esta naturaleza, aunque esté ajustada a la ley puede producir una seria crisis institucional que influye en la esfera social.

El problema se agrava cuando los jueces decretan libertades por errores procesales o porque el fiscal no pudo probar los sucesos delictivos. Los hechos más comunes son la falta de claridad en los informes que llenan los policías al momento de la detención y la carencia de pruebas científicas obtenidas en laboratorios forenses, en este último caso, en el país existe un déficit considerable de peritos. La justicia penal no puede emitirse en plenitud cuando existen eslabones que están agrietados. El sistema de seguridad pública y de procuración de justicia tiene fuertes carencias, el juez penal debe ser consiente y actuar con responsabilidad de Estado permitiendo la acreditación de pruebas que refieran la verdad de los hechos.

El Poder Judicial, es un actor más que incide en la vida política del país, y a la fecha su imagen pública está colocada en un lugar intermedio comparándolos con otras instituciones del Estado. En los últimos meses se han presentado diversos casos que cuestionan a jueces penales por dejar libres a presuntos delincuentes. Existe una premisa en el Poder Judicial que cada juez tiene libertad para emitir sus resoluciones. Aunque ello debería ser así, es necesario tener una supervisión más rígida de los jueces y en caso de que se cometan ilegalidades o hasta actos de corrupción, tener esquemas rápidos para separarlos del encargo y castigarlos. Si el fallo generó polémica, pero se apegó a la ley, deberían tener una estrategia para saber comunicarlo. En tiempos de cambios, existen oportunidades, hay que adaptarse al soplar de los vientos para construir confianza pública y legitimidad en su ejercicio.

miércoles 11 de septiembre de 2019

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