Con la aprobación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se ha refrendado una vez más, como año con año sucede, una de las legitimaciones más ignominiosas con las que el poder se erige ante el pueblo mexicano: la profunda disparidad económica que se agudiza día a día en nuestra sociedad. Y es que el problema no es que se hayan autorizado incrementos a las percepciones de quienes ocupan altos cargos de la alta burocracia estatal. Por ejemplo, que solo por concepto de sueldo base mensual un subsecretario perciba 198 mil 224 pesos, un secretario de Estado 199 mil 553 pesos, un consejero electoral hasta 240 mil 757 pesos, un integrante del Consejo de la Judicatura Federal 520 mil pesos, un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 530 mil 411 pesos, o que el presidente de la República vaya a recibir en 2018 una percepción bruta anual por cuatro millones, 452 mil 601 pesos, cada senador dos millones 796 mil 810 pesos y cada diputado tres millones, 372 mil 273 pesos más percepciones adicionales de acuerdo a las comisiones en que participen, y cada uno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación seis millones 938 mil 234 pesos, con un salario mensual de 651 mil 741 pesos.
El problema, la indignación, el oprobio que golpea al resto de la sociedad es que, en contraparte, 24 millones de mexicanos percibe menos de dos salarios mínimos al mes –poco más de ocho millones solo un salario mínimo-, 3.5 millones solo comisiones o propinas y cerca de tres millones están desempleados, a tal grado que en estados como el de México, entre el 70 y 80% de sus trabajadores está en la informalidad. A su vez, a nivel nacional, menos de 10 millones perciben entre 2 y 3 salarios mínimos y solo el 1.7% del total de la población económicamente activa gana más de 20 mil pesos -comprendidos entre ellos la élite de altos funcionarios y representantes populares aludidos-. Cifras que en realidad podrían ser aún más dramáticas, pero a las que los informes oficiales no nos permiten acceder en aras de ocultar la cruenta realidad, como cuando el gobierno se autonombra el “sexenio del empleo”, sin aclarar que sí, hay más mexicanos con salario mínimo, pero muchos más que perciben menos ingresos o que han perdido su empleo. Y qué decir cuando el propio gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, se atreve a pedir “prudencia” en el posible aumento en los salarios mínimos que deberá anunciarse antes del 15 de noviembre. “No sea”, según sus propias declaraciones, que esto se convierta en un factor que detone un alza en la inflación: “Si bien el Banco de México apoya que haya mayores salarios mínimos, la recomendación es que se haga con mucha prudencia, de tal forma que no se vuelva en sí mismo un impulso a la inflación”, para lo cual hay que encontrar “el punto medio”. ¿Punto medio, prudencia? ¡Qué descaro, porque aún y cuando llegara a aprobarse el incremento de 80.04 a 95.24 pesos que ha propuesto la propia Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) –y que obviamente no ocurrirá, porque el propio Banxico lo ha calificado de “desproporcionado”-, con percepciones así nadie, y mucho menos una familia, puede sobrevivir! O ¿podrían acaso hacerlo cualquiera de los altos funcionarios antes aludidos, comenzando por los ministros, que habrán de ganar en 2018 en solo un día y medio más de lo que percibió en 2017 un trabajador con salario mínimo? Éste es nuestro México. Y eso que solo aludimos a las percepciones de la burocracia federal y no a las de los otros sectores de élite, integrantes de la macro cúpula del poder verdadero, el económico de nuestra sociedad en estrecha connivencia con el político. Sí, el México de dantescos contrastes. El México en el que se habla y se promete todo y nada cambia en la sociedad, y si lo hace es para empeorar y detonar mayor pobreza en los diferentes órdenes de la Nación.
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@BettyZanolli
