A una semana de que concluya mayo de 2020, en México no sabemos con certeza cuándo llegaremos al pico máximo de la primera oleada pandémica coronavírica y menos cuándo ésta concluirá.
Estamos al inicio de la vorágine de una crisis global, terrible y temible, de la que nos falta todo por saber. Solo hay una certeza: es una hidra dotada de un número inconcebible de cabezas cuya furia deberemos enfrentar, en lo individual y lo colectivo, siendo uno de los principales retos lograr la preservación y salvaguarda del Estado de Derecho, pues si algo cimbra de las grandes calamidades no solo es la pervivencia de la democracia y de la Justicia: una crisis severa es una de las más grandes amenazas para los derechos humanos y garantías, individuales y sociales, de una Nación.
Y es que las administraciones de gobierno, sustentadas principalmente en que el interés público está en riesgo, pueden sucumbir y pronunciarse no solo por la suspensión parcial o total de los derechos fundamentales sino por la implementación de medidas excepcionales -previstas o no- que trastoquen radicalmente el marco jurídico pre-pandémico. En pocas palabras, cualquier decisión gubernamental tomada durante la pandemia y más aún al regreso de la ahora llamada “nueva normalidad”, podría convertirse, de facto, en razón o pretexto para que todo sea susceptible de ser transformado, alterado, desnaturalizado, retrogradado o eliminado, bastando un instante para que años, lustros, décadas y centurias de construcción orgánico-institucional se vengan abajo: dramático recordatorio de lo frágil que es el ser humano y, por ende, la sociedad.
Si bien el Derecho debe estar listo para actuar e intervenir en cualquier contingencia como “Derecho de crisis”, esto no lo hace patente de impunidad para cometer toda clase de abusos y excesos por parte de la autoridad. El que haya una emergencia sanitaria, por extrema que sea, no puede ser subterfugio para acelerar ni instrumentar medidas de alcances ultra pandémicos, eminentemente políticos, antidemocráticos y regresivos.
Por ejemplo, se podría considerar que es el momento ideal para extinguir fondos y fideicomisos. En Italia, hubo un tiempo (hace casi un siglo) en que estuvieron prohibidos por ser considerados áreas proclives para la opacidad y desvío de recursos. Sin embargo, nuestra historia nos muestra una realidad particular, como en el caso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Un instrumento de carácter interinstitucional que nació para atender los efectos de desastres naturales imprevisibles cuya magnitud superara la capacidad de respuesta de las dependencias y entidades federales y estatales, complementando sus acciones preventivas, mitigando los daños producidos tanto en la infraestructura de los distintos niveles de gobierno como en las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por ellos.
México es un país sumamente vulnerable a los fenómenos geológicos: erupciones volcánicas, aludes, maremotos, deslaves y, sobre todo, terremotos -como bien lo sabemos todos-, y meteorológicos: ciclones y huracanes, depresiones y tormentas tropicales, lluvias torrenciales, nevadas, granizadas, inundaciones, sequías, heladas, tornados e incendios forestales. El Fonden no solo es importante sino fundamental para nuestra Nación. Suprimir un fondo como éste extremaría la vulnerabilidad en la que ya se encuentran decenas de millones de mexicanos por el Covid-19 con consecuencias devastadoras.
De igual forma, si algo México requiere es invertir en educación, ciencia y cultura. ¿Por qué suprimir instituciones que los impulsan en vez de reforzar los instrumentos para erradicar cualquier resquicio proclive al mal manejo de sus recursos? En una democracia como la nuestra la soberanía popular se deposita en sus representantes, pero esto no implica que puedan ir más allá de los alcances de dicha voluntad, como es al pretender trastocar radicalmente los pilares base de la estructura social, de poner en riesgo el pacto federal, de ampliar los márgenes de inseguridad e incertidumbre y/o de marchar en retroceso implementando acciones que, lejos de impulsar el desarrollo sustentable, constituyan un poderoso freno para su avance. Hoy, si algo requiere México y el mundo entero, es la energía solar, no la fosilífera.
Sí, una cosa es combatir y erradicar la corrupción añeja que nos carcome y sanear todos los intersticios por donde este cáncer se ha infiltrado y otra, muy distinta, impedir el crecimiento y proyección de una Nación recurriendo a esquemas antidemocráticos y regresivos. No puede haber un desfase entre la voluntad popular y la toma de decisiones políticas y menos aún un desequilibrio entre los poderes de la Unión.
Hubo un tiempo, lejano, cuando en la primitiva Roma coexistían dos derechos: el humano y el divino: ius y fas. Confiemos que hoy en México impere la razón y el Estado de Derecho, el ius y la Iustitia, no nuevamente el fas.
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@BettyZanolli
