/ martes 4 de agosto de 2020

La política sobre el derecho

En últimas fechas, la política le va ganando, día a día, más terreno al derecho. Ahora tenemos un Estado de la política desplazando al poco Estado de derecho que se había construido en los tribunales, y en otros espacios. Un ejemplo, es el caso de Emilio Lozoya, en donde, el supuesto caso paradigmático e histórico de combate a la corrupción se pretende resolver a través de un beneficio, del cual, el asunto no cumple los requisitos que exige la ley. En efecto, dicho beneficio requiere que no se afecte el interés público y que se repare el daño, pues resulta, que la investigación de la que hablamos afecta el interés público (como podría ser una elección presidencial y millones de dólares en presuntos sobornos) y la fiscalía no ha solicitado que se repare el daño.

La letra de la ley es tozuda, no cambia por más que se relee el código, sin embargo, parece que el criterio de oportunidad se va a aplicar, en aras de un bien mayor. En efecto, los optimistas, los ingenuos y los políticos dicen que esto no es un problema, ya que de ese asunto derivarán cientos de acusaciones penales del mayor calado (la visión política frente al imperio de la ley). Este asunto es muy resbaladizo, y el tiempo pondrá las cosas en su lugar. En el mismo orden de ideas, existe otro caso, que vale la pena recordar. Querido lector, veamos:

El médico Grajales Yuca vive en la entidad federativa de Chiapas. El mismo estado donde un guarura le dispara a un ciudadano mientras era video grabado. La misma entidad donde desapareció el niño Dylan. El estado de la República donde el Secretario de Salud local intimida a los medios de comunicación. Un espacio geográfico donde el ejercicio de la política desprecia a la ley, basta recordar que el caso del niño Dylan se trató de resolver a través de un posible montaje, que al día de hoy, sigue impune, pero, con uno de los presuntos responsables muerto en su celda a golpes. El ejercicio de ese tipo de política no acaba con la serie de despropósitos ya narrados. La cosa solo puede empeorar.

El médico Grajales Yuca se desempeñaba como titular de una área en un hospital público, en dicho estado. Al parecer, es un galeno ejemplar. Querido por sus pacientes y por sus compañeros de trabajo (así lo demuestran las marchas a su favor). El médico recibió a un ciudadano que ejerció la política en esa entidad. Dicho ciudadano estaba enfermo de COVID. Dado el desabasto de medicinas en el país, parece que Grajales Yuca le solicitó a dicho paciente los medicamentos. Esta no es una cuestión atípica, ni aislada, hay miles de testimonios sobre el desabasto de medicamentos, y la necesidad de que los pacientes compren estos. Por desgracia, el político chiapaneco murió. Ahora Grajales Yuca está en la cárcel. El médico está acusado de haber solicitado las medicinas y, parece que la fiscalía de Chiapas pretende fabricarle otros casos. El desabasto de medicinas, del cual son responsables las autoridades federales y locales, mandó a prisión al doctor. Así están los fiscales y los jueces en Chiapas, ambos al servicio del ejercicio de la política, de los poderosos. La persona que denunció al médico dio una conferencia de prensa con el fiscal a su lado, así o más claro. Mientras Lozoya está cómodo en su casa el galeno está en prisión. Ojalá se vea que resbaladizo es sustituir el camino de la ley por el de la política.


En últimas fechas, la política le va ganando, día a día, más terreno al derecho. Ahora tenemos un Estado de la política desplazando al poco Estado de derecho que se había construido en los tribunales, y en otros espacios. Un ejemplo, es el caso de Emilio Lozoya, en donde, el supuesto caso paradigmático e histórico de combate a la corrupción se pretende resolver a través de un beneficio, del cual, el asunto no cumple los requisitos que exige la ley. En efecto, dicho beneficio requiere que no se afecte el interés público y que se repare el daño, pues resulta, que la investigación de la que hablamos afecta el interés público (como podría ser una elección presidencial y millones de dólares en presuntos sobornos) y la fiscalía no ha solicitado que se repare el daño.

La letra de la ley es tozuda, no cambia por más que se relee el código, sin embargo, parece que el criterio de oportunidad se va a aplicar, en aras de un bien mayor. En efecto, los optimistas, los ingenuos y los políticos dicen que esto no es un problema, ya que de ese asunto derivarán cientos de acusaciones penales del mayor calado (la visión política frente al imperio de la ley). Este asunto es muy resbaladizo, y el tiempo pondrá las cosas en su lugar. En el mismo orden de ideas, existe otro caso, que vale la pena recordar. Querido lector, veamos:

El médico Grajales Yuca vive en la entidad federativa de Chiapas. El mismo estado donde un guarura le dispara a un ciudadano mientras era video grabado. La misma entidad donde desapareció el niño Dylan. El estado de la República donde el Secretario de Salud local intimida a los medios de comunicación. Un espacio geográfico donde el ejercicio de la política desprecia a la ley, basta recordar que el caso del niño Dylan se trató de resolver a través de un posible montaje, que al día de hoy, sigue impune, pero, con uno de los presuntos responsables muerto en su celda a golpes. El ejercicio de ese tipo de política no acaba con la serie de despropósitos ya narrados. La cosa solo puede empeorar.

El médico Grajales Yuca se desempeñaba como titular de una área en un hospital público, en dicho estado. Al parecer, es un galeno ejemplar. Querido por sus pacientes y por sus compañeros de trabajo (así lo demuestran las marchas a su favor). El médico recibió a un ciudadano que ejerció la política en esa entidad. Dicho ciudadano estaba enfermo de COVID. Dado el desabasto de medicinas en el país, parece que Grajales Yuca le solicitó a dicho paciente los medicamentos. Esta no es una cuestión atípica, ni aislada, hay miles de testimonios sobre el desabasto de medicamentos, y la necesidad de que los pacientes compren estos. Por desgracia, el político chiapaneco murió. Ahora Grajales Yuca está en la cárcel. El médico está acusado de haber solicitado las medicinas y, parece que la fiscalía de Chiapas pretende fabricarle otros casos. El desabasto de medicinas, del cual son responsables las autoridades federales y locales, mandó a prisión al doctor. Así están los fiscales y los jueces en Chiapas, ambos al servicio del ejercicio de la política, de los poderosos. La persona que denunció al médico dio una conferencia de prensa con el fiscal a su lado, así o más claro. Mientras Lozoya está cómodo en su casa el galeno está en prisión. Ojalá se vea que resbaladizo es sustituir el camino de la ley por el de la política.