El miércoles pasado se aprobaron reformas al Código Penal de la CDMX, en las que se establece que las lesiones culposas en un hecho de tránsito donde se utilicen indebidamente ciclovías o carriles confinados serán perseguidas por oficio.
Lo que podría parecer positivo a simple vista, deja claro el fracaso por intentar sin éxito, hacer una política de movilidad en la capital del país.
Al analizar las reformas aprobadas, valdría la pena preguntarnos ¿de qué sirven sanciones más altas o nuevas, si no se cumplen las existentes?, ¿la implementación de castigos, no fomenta la corrupción?, ¿por qué no apostarle a una cultura de la prevención?
La realidad es que se trata de una contradicción, ya que la Jefa de Gobierno ha dicho que su administración no criminaliza a la ciudadanía, y lo que vemos es que hoy en día, literalmente migraron los hechos de tránsito a condenas sin sentido.
No pueden aceptar que la implementación de las fotocívicas resultó decepcionante, su incongruencia les llevó a incrementar los niveles máximos de velocidad de 50 a 80 km/h, lo que ha ocasionado un aumento en los accidentes de tránsito, obligando a implementar el operativo “Reductores de Velocidad en Vías Primarias”.
El ejemplo más claro del fracaso ocasionado por la inexistencia de una política de movilidad, lo podemos ver en la plataforma de participación “Plaza Pública”, habilitado por la Secretaría de Movilidad y la Agencia digital para construir el Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) 2020-2024, en el que inician con la pregunta: ¿Cómo reducimos las víctimas graves y mortales derivadas de hechos de tránsito en la Ciudad de México? mismo que se quedó en su etapa 4, la cual finalizó en enero de este año, en una ciudad en la que se ha registrado un incremento en los accidentes viales.
La incapacidad del actual gobierno en materia de movilidad es evidente y los números hablan por si mismos, a esto hay que sumarle que no existe una cultura que permita la convivencia armoniosa, responsable y de respeto.
Y ya ni mencionar el establecer leyes que contribuyan a la reparación del daño integral, se prefieren reformas con letras chiquitas que al final son en perjuicio de la ciudadanía, todo, antes de aceptar el fracaso de la SEMOVI y de su titular.
