Resulta alarmante la caída en el número de puestos de trabajo formales que cotizan en el IMSS en lo que va del año. Debería verse como llamado urgente a la acción: aviso de una tragedia, y no sólo en términos de empleo, sino de crecimiento de la pobreza como no se ha visto en décadas. Ese puede ser el legado del Covid-19 y de la recesión económica que ya tenemos aquí, máxime si seguimos sin una respuesta oportuna y suficiente de carácter nacional, con respaldo decidido desde el Estado mexicano.
La reducción en el primer cuatrimestre fue de casi 494 mil plazas formales, de las cuales más de 67% corresponde a empleos permanentes. Los pronósticos para el año estiman una pérdida de entre uno y dos millones de empleos formales. Estimaciones de Coparmex apuntan a que al cierre de junio se habrán perdido 1.3 millones de plazas: sería el doble de todo el empleo formal creado en 2019.
Apenas sería la punta del iceberg. Como ha puesto de relieve el ex Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, hoy Director de la Red Global de Pobreza Multidimensional, para saber qué lo que ocurrirá con la pobreza ante la crisis sanitaria y económica, la clave está en lo que pasará con el trabajo.
En tal argumentación, a medida que aumenta el número de empleos y/o mejora el poder adquisitivo de los salarios la pobreza disminuye: eso sucedió en México entre 2014 y 2018, al contrario que en los periodos 1994-1996, 2008-2010, 2012-2014. Al contrario, los periodos de incremento de esa condición social coinciden en particular con crisis que destruyen empleos. Todo se agrava porque hoy estamos en el escenario de la la recesión más profunda que el país haya enfrentado, junto con el mundo, desde la Gran Depresión de los años 30, y con una de las respuestas fiscales más exiguas entre las principales economías del mundo, inclusive en los últimos lugares a nivel latinoamericano.
Como precedente, la crisis de 1994, que desembocó en una caída del PIB de -6.29% al año siguiente, provocó que la población en pobreza alimentaria pasara de 21% en 1992 a casi 38% en 1996. Sólo hasta inicios de los 2000 pudimos volver a los niveles previos. Tomemos en cuenta que los pronósticos para este año apuntan a una contracción de -7%, pero varios analistas los llevan hasta niveles de dos dígitos.
De acuerdo con el Banco Mundial este año veremos el primer incremento en la pobreza global desde 1998. En México, el propio Coneval publicó un análisis en el cual estima que el total de personas pobres por ingreso se incrementará en entre 8.9 y 9.8 millones de personas. A la pobreza extrema se sumarían hasta 10.7 millones de personas más.
A pesar de la tragedia que está incubándose por el impacto de la recesión global y nacional, persiste una política de “austeridad republicana”. Se ha confundido la idea de rescatar empresarios con el apoyo a empresas, sobre todo Pymes, para preservar el empleo.
De lo que se trata es de evitar que el shock de liquidez en la economía se vuelva una crisis de solvencia que dispare un círculo pernicioso en que todos pierden: las empresas cierran, sus empleados y proveedores se quedan sin ingresos, la capacidad de consumo general se estrecha, el Estado cobra menos impuestos con lo que su capacidad de gasto se contrae y se complica incluso el fondeo de los programas sociales para los grupos más vulnerables.
Hay que considerar que, en paralelo a la pérdida de empleos formales, la Organización Internacional del Trabajo estima que ingreso de quienes están ocupados en la informalidad podría caer 60%, y más de 30 millones de mexicanos están en esa condición.
La receta no es más austeridad. Ni siquiera para evitar el endeudamiento. De hecho, sucede lo opuesto. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria acaba de sacar un estudio en el cual estima que, de mantener esa política, el saldo de la deuda pública podría incrementarse en 15% real respecto a 2019, para alcanzar niveles históricos en relación con el PIB: más de 103 mil pesos por persona.
Este proceso también acentuará la desigualdad, en el mundo y en nuestro país. Como han referido analistas del Fondo Monetario Internacional (FMI): en los últimos cinco eventos –SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), ébola (2014) y Zika (2016)— el coeficiente de Gini neto aumentó casi un 1.5% a cinco años de cada brote, un impacto tremendo para un indicador que de otra forma se mueve muy lentamente.
Urge reaccionar. Los 2 millones de nuevos empleos prometidos desde el gobierno simplemente no van a darse; más bien sería al revés. De ahí la pertinencia de una propuesta como la del Salario Solidario de Coparmex: con un costo fiscal equivalente a 1.2% del PIB podrían salvarse cientos de miles de empleos y a la propia economía de una depresión todavía evitable. ¿No es mejor endeudarse para eso que endeudarse en función de una paradójica idea de “austeridad”?
No es momento de atarse a guiones ideológicos o proyectos políticos. Pensemos en lo atinado de la famosa frase atribuida a Keynes: “Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión”.
Empresario
