Sí, “contundentemente, no hay focos rojos en México”, así ha osado declarar el presidente consejero del INE, justo en el arranque del proceso electoral más grande de nuestra historia, descartando de tajo que algún tipo de violencia lo esté ya enturbiando. Ah, pero claro, también está “atento porque esto cambia todos los días”. Me pregunto ¿cómo puede desconocer o negar la tragedia que padecemos? ¿Cómo permanecer impasible mientras el país se desangra gota a gota, profusa e impunemente, en un baño de sangre que ahora se recrudece no solo con las vidas de mujeres, infantes, ancianos y periodistas, sino también con las de funcionarios y candidatos de los diferentes partidos a los puestos de representación popular, cobrando cada día más víctimas? 2017 ha sido el año más letal de nuestra historia con el mayor número de homicidios dolosos: 26 mil 573 víctimas hasta el 30 de noviembre, a un promedio de 86 homicidios diarios. De ellos, el 4 de enero -Día del Periodista en México- se informó que al haber ascendido a 13 los compañeros asesinados en 2017, nos hemos erigido en el país más mortífero del mundo para el ejercicio de esta profesión por arriba de Irak, Afganistán y Siria. La gran diferencia: en México los periodistas fueron ultimados ex profeso. Ejecuciones entre las que se encuentran los homicidios de casi 40 funcionarios y candidatos de representación popular durante este último año, como la de Demetrio Saldívar, secretario general del PRD en Guerrero que tuvo lugar en abril, y las de quienes fueron asesinados durante la última quincena de 2017 y los primeros días de 2018 como César Antonio García Cosquilla, ex candidato del PRI a la alcaldía de Tenampa y Marco Antonio Muñoz del PRI, ex candidato a alcalde en Tenochtitlán, ambos de Veracruz; Arturo Gómez Pérez, alcalde del PRD en Petatlán, Adolfo Serna Nogueda, aspirante del PRI a la alcaldía de Atoyac y Margarito García Leal, ex regidor del PRD en el municipio de Tlacoachistlahuaca y su hermano, todos ellos en Guerrero; Miguel Ángel Licona Islas, ex presidente municipal de Mixquiahuala, Hidalgo, y su hijo; Saúl Galindo Plazola, diputado local del PRD de Jalisco; Gabriel Hernández Arias, regidor del PRD en el ayuntamiento de Jalapa, Tabasco; Luis Fernando Flores, inspector de la Secretaría del Trabajo en Chihuahua y Ángel Medina Burgaña, aspirante del PAN a la presidencia municipal de Tampamolón, San Luis Potosí, entre otros. ¿Y las 5 cabezas humanas halladas en un taxi de Tlacotalpan, la docena de asesinados en Baja California y Baja California Sur y los 5 ultimados de Tula? ¿Y las multiejecuciones de Chihuahua del viernes pasado: 31 homicidios perpetrados en 7 horas, al grado que Canadá alerta a sus ciudadanos que viajar a dicha entidad es de alto riesgo? Si alguna duda queda: ¿cómo calificar las vandálicas grescas entre presuntos partidarios del PRD y Morena suscitadas en la delegación de Coyoacán en actos de campaña de la precandidata morenista Claudia Scheinbaum, de las que hubo no solo heridos, como el reportero de La Jornada que fue pateado y golpeado en la cabeza, sino también una víctima fatal, por más que las fuentes oficiales pretendan “explicar” como “natural” la causa de su muerte? Hechos incalificables a los que debemos agregar los saqueos tumultuarios a comercios ocurridos simultáneamente en el Estado de México. Ante semejante panorama ¿cómo decir que no hay focos rojos en nuestra Nación si ésta se encuentra en un proceso funesto de descomposición social cada vez mayor?
2017 finalizó cruento pero 2018, que arranca con inusitada violencia, se augura peor. La ofensiva brutal contra los derechos humanos vía la Ley de Seguridad Interior, cuya compuerta fue abierta con la legitimación y puesta en marcha desde el poder, será el escenario para la más descarnada contienda electoral que hayamos visto. Esto es nada más el principio.
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