Hace unos días fue admitida en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la denuncia que presentaron varios legisladores de Acción Nacional contra el Dr. Hugo López-Gatell y varias autoridades federales por omisiones y negligencias durante la atención de la pandemia del COVID-19.
La realidad es innegable cuando se presenta de frente y alcanzar las 60,000 víctimas letales y estar dentro de los países con peores resultados es prueba evidente tanto de que las cosas no se han hecho bien, como de que se han vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a la vida de miles de personas.
La queja aceptada por la CNDH aborda diversos aspectos que van desde la soberbia y los tintes militantes con que las autoridades han conducido la crisis, hasta la falta de transparencia y sobreprecios en las adquisiciones de suministros médicos. La pregunta central es muy simple, ¿se hubiesen podido y se pudieran proteger mejor la vida y los derechos humanos durante la crisis? Cada uno puede responder con lo que ha visto en estos meses.
Hasta en los aspectos más simples y básicos han sido constantes las omisiones y las negligencias. Las autoridades federales nunca recomendaron el uso de cubre bocas e incluso desdeñaron hacerlo públicamente. Mientras el 13 de julio el líder de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que si los gobiernos no se comunican claramente con los sus ciudadanos y desarrollan una estrategia integral centrada en que se sigan los principios básicos para evitar contagios la pandemia puede empeorar, en nuestro país el presidente López Obrador y el Dr. López-Gatell rara vez han sido vistos con cubre bocas.
Dentro de la queja se abordan dos de los aspectos que más claramente han sido equivocaciones: la aplicación del modelo centinela y la falta de pruebas. Mientras el modelo centinela ha sido desechado internacionalmente, la falta de aplicación de pruebas nos deja sin los elementos necesarios para poder saber cuál es el estado real de la situación. Otros temas que se abordan son la apertura apresurada de los establecimientos, la corrupción y el sobreprecio en la compra de suministros, especialmente ventiladores y las grandes carencias, hasta en lo mínimo indispensable, con las que el personal de todo el sector salud federal está enfrentando la amenaza.
Lo siguiente es que las autoridades federales en materia de salud deberán de rendir un informe sobre los actos, omisiones y resoluciones abordados en la queja con el objetivo final de que se garantice la atención médica y la restitución para quienes han sido víctimas por la falta de atención o por las decisiones y medidas tomadas equivocadamente por el Gobierno Federal.
@JCRomeroHicks
