La iniciativa de reforma electoral del presidente de la república es oscura y omisa en temas torales para el funcionamiento de nuestra democracia, que hoy son la columna vertebral del sistema electoral. El ejemplo más perturbador está en atribuir a lo que sería el nuevo `Instituto Nacional Electoral y de Consultas´ solo la “integración de las listas nominales”, retirándole la facultad para integrar el padrón electoral y siendo omisa en señalar qué instancia tendría esa responsabilidad, tanto en el articulado como en las disposiciones transitorias y en la exposición de motivos.
Sabemos que la base de datos más depurada, actualizada y confiable de los mayores de edad es la que administra el INE. Con corte al 30 de abril, se tiene un padrón electoral de 93 millones, 481 mil, 118 ciudadanas y ciudadanos; mientras que la lista nominal tiene 91 millones, 980 mil, 788 personas con credencial de elector. Es la base registral de quienes deciden en las urnas quien nos gobierna o representa, el instrumento que a lo largo de más de tres décadas ha generado confianza en los procesos electorales locales y federales, el más supervisado y auditado.
La consolidación del registro nacional de electores lo convirtió, por la vía de los hechos, en el registro nacional ciudadano del Estado Mexicano. Ciertamente, falta darle ese rango en la constitución y en las leyes, pero su historia y fortaleza así lo amerita. No hay en México otra base registral con la solvencia que tiene ésta. El cometido de la reforma debería consistir en fortalecerla, no en duplicarla ni retirarla de una institución que ha demostrado su autonomía e independencia de los gobiernos en turno.
Desde 1992, la credencial para votar con fotografía es el instrumento que nos permite ejercer derechos políticos y es también el más importante para garantizar el derecho a la identidad, proviene de 1990 cuando se creó el IFE y se levantó un padrón electoral desde base cero, con plenas garantías de que no votarían personas fallecidas ni se omitiría a quienes tienen derecho a sufragar. Aquella vez fue un ejercicio censal que se conserva y se actualiza con los avances tecnológicos de punta para asegurar la información y hacer más confiables sus instrumentos observando las normas de protección a datos personales.
La identidad de las y los mexicanos está reconocida en la constitución y la autoridad electoral tiene la responsabilidad de hacerla efectiva, de potencializar sus alcances frente a todas las instituciones privadas y públicas, en una ruta progresiva como hoy se hace. Retirarlo del INE, donde está sujeto a diversas auditorías y mecanismos de cuidado, para llevarlo a otras instancias que pudieran estar en manos de los gobiernos equivaldría a desmoronar uno de los principales pilares de la confianza en los procesos electorales y en los mecanismos de identidad.
La reforma no puede llevarnos en una ruta suicida demoliendo las bases de legitimidad de los procesos electorales. El padrón electoral es un patrimonio de las y los mexicanos. Mantenerlo al día, lejos de tentaciones políticas y de posibles manipulaciones es responsabilidad de todos, los autores de la iniciativa de reforma deben aclarar adónde lo quieren llevar y con qué propósitos. Mejor exploremos mecanismos que amplíen su utilización en un esquema de seguridad bajo la administración de la autoridad electoral.
*Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
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