Formalmente, 2020 es un año de pausa electoral: sólo hay comicios en Coahuila, para diputaciones locales, y en Hidalgo, para ayuntamientos. Sin embargo, eso no significa que estén en tregua quienes se dedican a la política y a las elecciones como profesión de tiempo completo, para ganar espacios de poder y ventajas de cara a las elecciones federales intermedias del 2021 y las concurrentes. Es lo que se hace comúnmente en la política, pero en esta ocasión en un contexto muy particular, en el cual puede haber efectos colaterales profundamente lesivos para nuestra todavía joven y frágil democracia.
En realidad, el proceso rumbo a los comicios del 6 de junio del año próximo inicia entre septiembre y octubre. Sobra decir que lo que se haga este año, a la luz del público o tras bastidores, puede tener efectos decisivos a la hora de elegir a 500 diputaciones federales, 15 gobernadores, 29 congresos locales y casi 2 mil ayuntamientos. Es mucho lo que está en juego.
Por un lado, la fuerza política hoy dominante estará buscando conservar su mayoría para la continuidad de su proyecto político y del margen de maniobra con el que ha contado como gobierno hasta ahora, al grado de debilitar sensiblemente los equilibrios y contrapesos institucionales. Por otra parte, una oportunidad de que la oposición, hoy muy disminuida, se recupere y tenga alguna capacidad de incidir en la vida pública: entre otras prioridades, para trascender una situación en que la iniciativa política tiene un claro sentido unilateral, mientras el debate social se polariza.
Quizá más importante aún, desde un punto de vista de más largo plazo, son las maniobras para reformar el sistema electoral y en particular al Instituto Nacional Electoral, así como lo que se juega en fechas clave de la agenda institucional.
Viene la gran prueba del ácido en la elección de nuevos integrantes del Consejo General del INE para remplazar a cuatro cuyo periodo finaliza en abril. Con una fracción con amplia mayoría en la Cámara de Diputados, fortalecida con una sobrerrepresentación sustantiva gracias a negociaciones con partidos aliados y satélites, debe ser grande la tentación de colocar a cercanos.
Una pregunta clave aquí es qué vamos a hacer los ciudadanos, porque el riesgo es evidente. No pueden tomarse a la ligera las señales que muestran a un INE bajo acoso: reducción presupuestal; investigaciones contra su Junta Ejecutiva; iniciativas de reforma que incluyen cambios como desaparecer los órganos electorales locales y suplirlos por consejos designados por la Cámara de Diputados o la de reducir el periodo del Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, para que deje su cargo antes de lo que concluya su periodo constitucional, hasta 2024, y que la presidencia se rote cada tres años entre los 11 consejeros.
Por otra parte, hacia mediados de año, el INE emitirá su resolución sobre la procedencia de las solicitudes de varias organizaciones que buscan su registro como partidos políticos, para obtener financiamiento público y visibilidad. Aquí también hay mucho en juego, y la ciudadanía debe estar atenta ante casos de simulación que pueden deformar la competencia electoral.
Por si fuera poco, hoy se habla de reducir el financiamiento público a los partidos al 50% o inclusive eliminarlo. Esto puede ser muy popular, pero si se implementa una política así, sin ponderar objetivamente pros y contras, el resultado quizá sea mayor distorsión: más dependencias a intereses e inequidades; posición ventajosa de los partidos con el control de los presupuestos federal, estatal o municipal; incluso incrementar la penetración de la delincuencia organizada en los procesos.
Además, todo indica que el verdadero problema del dinero y la democracia está en otra parte: no en el financiamiento público, sino en el ilegal. El libro Dinero bajo la mesa, de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, es realmente esclarecedor sobre dónde están los flancos débiles, en asuntos de mucho mayor gravedad que el sueldo de los consejeros del INE. Entre otras cosas, concluyen que el gasto real de una campaña para gobernador con capacidad de ganar es, en promedio, 10 veces el tope legal.
Por todo eso es fundamental defender la autonomía del INE: que tenga capacidad real de ser árbitro imparcial y contrapeso.
Recordemos que esta institución es producto de una larga lucha política, cívica y social, para superar una etapa en la que el sistema electoral llegó a ser una especie de mecanismo de trámite legitimador de un régimen piramidal y corporativo, sin incidencia ciudadana. No podemos olvidar que incluso el poder presidencial de entonces advirtió el agotamiento de ese modelo, cuando el candidato oficial de las elecciones de 1976 ganó con 97% de los votos, compitiendo solo contra sí mismo. No por nada, ya en el cargo, promovería, con su Secretario de Gobernación Reyes Heroles, la reforma electoral de 1977, considerada el parteaguas de la transición democrática mexicana.
Son tiempos que demandan que la ciudadanía asuma su rol de protagonista en la democracia, a través de los canales de expresión en medios de comunicación o redes sociales, así como vía las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las empresariales y profesionales. Estar atentos. La democracia de construye y renueva todo el tiempo, no sólo en los días de votación.
