El punto es que, desde la sociedad, y ahora, desde la Conferencia Nacional de Gobernadores como caja de resonancia, se advierte que el Nuevo Sistema de Justicia Penal “no funciona” o “no funciona como se esperaba” o “funciona a medias” porque se ha convertido en lo que llaman puerta giratoria, por la que entran quienes infringen la ley o cometen delitos, pero salen inmediatamente a “seguir delinquiendo”.
La queja social sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal no carece de sustento. En el terreno de la cotidianidad, en el día a día de las familias en barrios y colonias de cientos de ciudades del país, el delincuente de poca monta roba, asalta, viola, incluso asesina, y hace vivir en alerta permanente, en la molestia y en el hartazgo.
Con frecuencia el delincuente de poca monta es detenido, llevado ante la autoridad, pero regresa porque el nuevo Sistema de Justicia Penal es un “procedimiento garantista” que vela por los derechos humanos tanto de la víctima u ofendido como del imputado, que no privilegia la prisión preventiva, aunque tampoco está eliminada y es responsabilidad del juez aplicarla en los casos que el propio Código Penal prevé.
Se entiende, es difícil que las familias entiendan a la primera que ese delincuente de poca monta en prisión (y muchas veces se quedaban por años sin que recibieran una condena, porque nadie se ocupaba de sus casos) quedaba expuesto a la violación de sus propios derechos (que los tiene, aunque delinca) o bajo la “ley” de los penales, verdaderas escuelas del crimen que entonces los “graduaba” en criminales de alto riesgo.
Los vecinos que ven regresar al delincuente de poca monta que los ha robado, que los ha dañado, difícilmente entiendan tantas explicaciones y que, lo implementado con el nuevo Sistema de Justicia Penal debe cumplir un proceso de mediano y largo plazo, ajustar sus engranajes a fuerza de uso, para que termine funcionando en óptimas condiciones.
Sí es un error pensar que el nuevo Sistema genera impunidad, pero también hay que entender (y estar preparadas las autoridades) que en el terreno de los hechos, los vecinos (muchos) han terminado por cansarse y culpan a la Policía, a los gobiernos locales, de “no hacer nada”, incluso de “coludirse con los delincuentes”.
Es entonces cuando los vecinos se organizan, colocan lonas con advertencia a los delincuentes, o los atrapan y amarran, los golpean, los exhiben, incluso los matan a golpes. Esa barbarie, que la hemos visto todos en medios de comunicación, en redes sociales, es la más brutal reprobación a la autoridad que, por un lado, no pudo contener al delincuente, meterlo en cintura, apresarlo o enmendarlo, falló; y por otro, “no le cumplió” a la sociedad que debe servir protegiéndola.
Es por ello que este nuevo Sistema de Justicia necesita primero fortalecer la capacitación de sus operadores que incluye al personal de todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como abogados y periodistas.
Tiempo, se necesita tiempo; también paciencia. Pero, ¿cómo explicarlo a la sociedad que hoy, que ahora mismo, mientras redacto estas líneas, está siendo robada o asaltada? Esa urgencia de atender a la sociedad es la que, por otro lado, ha llevado a muchos gobernadores a plantear el “problema” derivado del nuevo Sistema de Justicia: lo que han llamado, como dijimos antes, la puerta giratoria.
Los gobernadores están planteando una eventual reforma al nuevo Sistema de Justicia, básicamente para retener a los delincuentes, que no salgan de inmediato a seguir delinquiendo, pero es de alguna manera regresar a lo que ya superamos con el nuevo ordenamiento. Aplicar una pena a un imputado no necesariamente es justicia, como estaba antes.
Cierto, la realidad social no la podemos transformar de un día para otro con nuevas leyes o decretos, pero a este nuevo Sistema de Justicia hay que darle tiempo. Mientras, todos tenemos que ponernos a hacer lo que nos corresponde, empezando por las autoridades.
