Una vez más y bajo el mismo principio de ocurrencia que los ha caracterizado, Morena aprobó una ley que en lugar de cumplir los fines que parece perseguir, lo que hace es empoderar más al presidente de la República, dotándolo de total libertad para decidir el destino de todos lo ahorros que se logren. Un esquema similar al que llamaban antes partida secreta, que no es más que un presupuesto que no es aprobado por los legisladores y del que dispone el presidente sin control alguno.
Le llamaron Ley de Austeridad pero sólo es la compilación mal hecha y mal redactada de una serie de preceptos que se incluyen en otros ordenamientos. Su objetivo no es generar ahorros, regular los gastos o elimina la corrupción, su objetivo es darle al presidente de la República total libertad de gastar de forma discrecional y autoritaria millones y millones de pesos a la par que debilita los controles institucionales y de equilibrio de poderes.
Además de los evidentes objetivos presupuestales y de reiterar la cancelación de las pensiones a los expresidentes, la ley tiene una serie de errores, duplicidades o contradicciones con lineamientos que existen en otras leyes y que harán imposible su aplicación. Algunos ejemplos de ello:
El artículo 8 donde establece que “en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o contratación de servicios y obra pública se buscará la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales aplicables”. Los lineamientos de adquisiciones ya se encuentran publicados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y son un poco más precisos que los “principios de austeridad”.
El artículo 9 dice que se declaran “nulos” los contratos en los que hubiera corrupción. Eso es sólo una declaración enunciativa, para anular contratos (por corrupción o por lo que fuese) hay todo un marco jurídico y un sistema. No es factible declarar de esa forma la nulidad de los contratos porque se crea inseguridad jurídica.
En el Título Tercero, donde se aborda el comportamiento austero y probo de los servidores públicos crea prohibiciones que ya existen en la Ley de Responsabilidades Administrativas. No es nuevo que no los servidores públicos no puedan recibir dádivas o viajes por sus servicios, que no pueda beneficiar a familiares o que no se pueda laborar, después de haber sido servidor público, en empresas relacionadas con el cargo que realizaban.
El Título Cuarto crea un comité de evaluación encargado de vigilar, fiscalizar y sancionar la gestión gubernamental. Es de suponerse que este nuevo órgano duplicará las funciones de la Secretaría de la Función Pública, de los Órganos Internos de Control, del Sistema Nacional Anticorrupción y de los Tribunales especializados, pero de forma arbitraria.
Decía Manuel Gómez Morin, fundador del PAN, que el bien mal hecho es peor que el mal en sí mismo; porque anula la conciencia del mal. Una ley que habla de austeridad sin generar ningún cambio real y que en el fondo lo que hace es empoderar de más al presidente no sólo le quita el significado a la palabra austeridad, también pavimenta el camino de regreso hacia la centralización autoritaria del poder.
@JCRomeoHicks
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
