A propósito de esta brutal pandemia, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la economía mundial y del país. También podemos encontrar a quien se pronuncia sobre epidemiologia con autoridad solemne y, ahora, tenemos muchos conocedores de política pública nacidos por generación espontánea. Esta pandemia también ha producido especialistas en todas las materias. En la disciplina llamada medicina, leí a dos expertos que coincidían en que era apresurado hacer afirmaciones a cortapisa, pues, el virus no lleva ni 100 días en el planeta tierra con las trágicas consecuencias que todos sabemos. En mi óptica, la ciencia siempre encierra más dudas que dogmas. Desde el siglo XIX, Stuart Mill explicaba algunas lagunas o confusiones que se podían dar en las llamadas ciencias exactas.
La crítica o el apoyo a las acciones que implementa el gobierno mexicano se hacen en su mayoría como actos de fe. Casi todo el espacio público está capturado por el ámbito de la política con un halo religioso. Lo anterior, no permite escuchar, reflexionar o dialogar sobre las opiniones. Ahora bien, nuestros nuevos economistas, médicos y administradores públicos están amparados por la cláusula de libertad de expresión. Todas las personas nos podemos expresar sin censura previa, tal y como lo prevé la Constitución General de la República. Los actos de fe siempre son resbaladizos, pero constitucionalmente validos.
Las acciones de gobierno siempre deben de estar guiadas por la Constitución General, las leyes secundarias, el interés público, criterios técnicos, y con respeto a los derechos humanos. El Estado está llamado a la reflexión bajo los mecanismos institucionales que contiene la ley. En ese ámbito no pueden existir actos de fe. El Estado mexicano acaba de extinguir más de 300 fideicomisos públicos de un solo tajo. Estos fideicomisos tienen infinidad de propósitos. Además se ordenó que los fondos se entregaran en un plazo de 15 días. No me puedo aventurar a opinar sobre el efecto en la administración pública ni en la economía. Sin embargo, es preciso decir que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento contemplan procedimientos más complejos para la extinción de un fideicomiso público; ya no hablemos del resto de normas que rigen este asunto y, por ello, la imposibilidad de que suceda en 15 días.
En el asunto de la extinción de los fideicomisos hubo quien aplaudió la medida y otras voces críticas. Sin duda, el Estado mexicano necesita de recursos económicos para enfrentar la pandemia y los males tangenciales que conlleva, pero, es necesario que más allá de nuestra opinión política sobre el asunto, este tipo de acciones se ejecuten conforme a la letra de la ley. En efecto, las normas jurídicas son las que le dan sentido a la acción pública. La fe, la duda y la reflexión son manifestaciones que la Constitución le permite a todas las personas, sin embargo, la acción del Estado debe de ceñirse a la ley.
En la crisis causada por esta pandemia, las y los mexicanos deberíamos de dialogar con respeto, de manera civil y tratar de desplegar una acción colectiva en beneficio de nuestra nación. Estamos llamados a la solidaridad, sin embargo, es muy complicado brindar respaldos colectivos cuando tratamos de apoyar a alguien que discrepa de nuestros dogmas. Ojalá seamos más reflexivos como sociedad y menos dogmáticos.
