México ha sufrido doce años de malas decisiones en seguridad pública y procuración de justicia. El resultado de esas determinaciones corre desde violaciones a derechos humanos acreditadas ante la Corte Interamericana, crecimiento de la incidencia y la prevalencia delictiva, miles de homicidios dolosos y desapariciones forzadas, hasta el miedo de salir a la calle o viajar en carretera. La delincuencia organizada nos robó una parte de México.
El común denominador en las políticas públicas de seguridad pública y procuración de justicia, de los últimos años fue involucrar a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina en dichas tareas. Felipe Calderón comenzó la guerra contra las drogas en 2006. En ese momento, el presidente Calderón emitió discretas disposiciones jurídicas para regularizar la presencia del Ejército en las calles. El desenlace se dio en 2011. Ese año se destaca por su brutal violencia y por ser uno de los años con más delitos reportados en el fuero común y federal. Enrique Peña Nieto siguió con políticas públicas similares en seguridad pública, solo que en silencio: ya no se hablaba de la guerra contra las drogas.
Se tuvo que hablar del tema después de Ayotzinapa. Así, el presidente Peña emitió la Ley de Seguridad Interior para darle marco jurídico al Ejército en sus tareas de seguridad pública. El año 2018 se perfila para alcanzar y superar el 2011 por su violencia y por la cantidad de delitos reportados. Así, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron avanzando el marco jurídico para justificar la presencia del Ejército en las calles, el primero de manera discreta y el segundo abiertamente. Hoy, que esperábamos un cambio, nos hablan de modificar la Constitución General.
La diferencia entre una convicción y el dogma está en la duda. Las convicciones nos compelen a seguir nuestros ideales, reflexionar sobre ellos y cuestionarnos. El dogma nos empuja irremediablemente a un resultado en automático. Vale la pena preguntarnos acerca del papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública e investigación del delito. Con excepción del dogmático que dé por hecho que es buena idea.
El Ejército es leal al país y esencial para la Soberanía Nacional. Sin embargo, ellos mismos han dudado de la prudencia de seguir en labores ajenas a su razón de ser. Doce años nos han demostrado que la participación del Ejército y la Marina en seguridad pública y procuración de justicia no es la solución al problema. Nadie, en su sano juicio, pide que mañana regresen a sus cuarteles. Solicitamos un plan para fortalecer a las policías civiles a nivel municipal, estatal y federal para enfrentar el problema del delito. Pedimos llevar ante un juez penal a los malos elementos de las policías municipales y estatales para irlas limpiando. Votamos por un retiro gradual de las fuerzas armadas y actos de gobierno civil. La figura de la Guardia Nacional data del siglo XIX. Ésta participó en la defensa de México en 1847, con la compañía de San Patricio y varios actos, este esquema no se diseñó para el siglo XXI.
No modifiquemos la Constitución como acto de fe, como dogma de solución. Reflexionemos en torno a la conveniencia de una guardia como la que se propone, escuchemos especialistas en seguridad, derechos humanos y analicemos los errores de las dos administraciones pasadas. Para lograr resultados distintos hay que llevar a cabo acciones diferentes y no potenciar errores que ya conocemos.
