En días recientes, en pleno mes patrio, a un año de que lleguemos al bicentenario de la consumación de nuestra independencia y a los cinco siglos de la conquista de México-Tenochtitlan, fue noticia ampliamente difundida por las redes sociales y más tarde por diversos medios, la subasta de 252 lotes de documentos históricos que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre organizada por Morton Casa de Subastas.
Evento que la propia empresa anunció por twitter en los siguientes términos: “En la Subasta de Libros y Documentos sobre la Independencia de México, el Primer Imperio y la Primera República ponemos a su disposición documentos firmados por José María Morelos, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Cos, Francisco Xavier Mina, Agustín de Iturbide…”.
Un día antes, preocupados porque “los acervos históricos puedan ser objeto de saqueos incentivados por la mercantilización de los documentos históricos”, representantes del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, A. C. solicitaron informar al titular del Archivo General de la Nación (AGN), Dr. Carlos Enrique Ruiz Abreu, si dicho acto había sido verificado por la institución a su cargo. En respuesta, de acuerdo con el portal electrónico del Gobierno Federal, autoridades del AGN presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) “denuncia penal contra la casa subastadora Morton y las demás personas que resulten responsables, por la probable comercialización de Patrimonio Documental de la Nación”, a la par que solicitaron “detener la subasta y asegurar los documentos históricos”.
Mes y medio atrás, tanto la Secretaría de Cultura como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INH) habían hecho lo propio a consecuencia de la subasta por la misma casa de la segunda parte de la Colección y Biblioteca Backal que tuvo lugar el 21 de julio pasado. En este caso, con motivo de la subasta de 15 documentos históricos de los siglos XVIII y XIX, pertenecientes a los lotes 34 y 147 provenientes del Sagrario de la Catedral Metropolitana, relativos al padrón de sujetos obligados al pago del diezmo. Lotes que, a diferencia de los subastados este martes, sí fueron retirados.
Sin embargo, estos hechos no son inéditos. Es la punta del iceberg. Basta que revisemos los múltiples catálogos públicos de subastas de esta empresa, para constatar que periódicamente se realizan subastas similares con centenares de documentos históricos, como sucedió el 17 de junio y 29 de septiembre de 2015, el 27 de septiembre de 2016 y la que tuvo lugar el 3 de octubre de 2017 en la que, por poner un ejemplo, se subastaron manuscritos de 1813 sobre la Campaña de Morelos; el Proyecto del Reglamento de Correos de José Manuel de Herrera e Ignacio López Rayón y el Convenio de Rendición de la ciudad de Durango de 1821, entre otros. En 2018, ADABI (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.) alertó también sobre la subasta que Morton realizaría el 17 de abril relativa a 300 documentos impresos, manuscritos, folletos y libros de los siglos XVI al XX, entre los que había documentos firmados por personajes como Carlos V y Felipe II, fray Juan de Zumárraga, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Diego Rivera y Lázaro Cárdenas, entre otros. Nada ocurrió. El 29 de mayo y el 25 de septiembre, hubo nuevas subastas.
En 2019, lo mismo acaeció con la subasta del 26 de noviembre, dedicada a documentos del porfiriato y de la Revolución Mexicana. En 2020, el 25 de febrero fueron puestas en subasta cartas de virreyes como Bucareli y de personajes como Hidalgo, Morelos, Iturbide, Guerrero y Nicolás Bravo y próximamente habrá nuevas pujas. No obstante, si algo hay que destacar es que esta empresa no es la única en este tipo de giro. El año pasado, el embajador de México en Francia exigió a la Casa de subastas Drouot en París la suspensión de la venta de 120 piezas arqueológicas. No tuvo éxito.
Ahora bien, nuestro marco jurídico es amplio y sus fundamentos principales son la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH) -que declara a todo monumento arqueológico propiedad de la Nación- y la Ley General de Archivos. Sin embargo, aún y cuando la comercialización y exportación de los monumentos históricos involucran al INAH y al AGN y sobre todo la LFMZAAH establece sanciones, falta mucho por legislar y, sobre todo, por desarrollar una verdadera cultura de protección y salvaguarda en la materia.
El tráfico ilegal del patrimonio cultural es uno de los negocios más rentables en el mundo. Por algo Interpol cuenta con una base internacional de miles de obras robadas y desaparecidas. De ahí que ante la reciente alerta emitida por la comunidad de historiadores, solo cabe hacer un llamado urgente a las autoridades para que en todo momento supervisen la comercialización de este tipo de bienes. Más allá de su valor económico, el valor que tienen para el conocimiento de nuestro pasado es incalculable. Cada documento que queda fuera del alcance público, que es mutilado o, peor aún, destruido, es un atentado contra la historia e identidad de una Nación y, por ende, de la humanidad.
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