Por: Katya Elizabeth Arroyo Arriola
Seguramente, en algún momento de nuestras vidas nos hemos cuestionado el por qué debemos pagar impuestos, por qué contribuir si el vecino no lo está haciendo, e inclusive podemos pensar en disminuir los ingresos declarados y/o aumentar nuestros gastos, o simplemente creer que es mejor trabajar en la informalidad.
La respuesta a estas preguntas es el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual mandata como obligaciones de las mexicanas y los mexicanos “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Es decir, nuestra Constitución nos obliga a pagar impuestos en nuestros municipios, estados y la federación, para que los diferentes niveles de gobierno (en sus esferas de competencia) nos puedan proporcionar servicios públicos, como son: servicios médicos, es decir, médicos, enfermeras, hospitales, medicinas; seguridad pública, incluyendo policías, patrullas, armas, uniformes, entre otros; servicios de limpieza; parques; alumbrado público; educación, escuelas, maestros, libros, etc.; pavimentación; carreteras; agua potable; construcciones de inmuebles públicos, entre otros.
Tal vez lo más fácil sería pensar el tener una actividad en la informalidad, pero valdría la pena analizar qué implica estar en la informalidad. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nos permiten conocer que el 56.3% de la población ocupada en México está en la informalidad laboral, es decir, más de la mitad ocupada en México no puede acceder a los beneficios que le permite el ser formal, esto es, un comercio formal puede acceder a créditos, a la seguridad social, a servicios médicos, ahorro para el retiro, jubilaciones o pensiones entre otros beneficios, que una persona en la informalidad no puede acceder.
Lo anterior se da porque, estando en la informalidad, los ciudadanos no pueden invocar a su favor el marco legal o institucional que el Estado ha creado para que tengan un mejor nivel de vida, pues no sabe que existen como unidades económicas y no puede proporcionarles, a ellos, a sus familias y a sus trabajadores, los beneficios que existen para ese sector de la economía.
No hay que perder de vista que México está viviendo una etapa de transformación como resultado de la demanda de la ciudadanía que se afana en trazar un cambio e impulsar el desarrollo de todas las personas para facilitar que la fuerza laboral, el gobierno, los sectores académico, productivo y social aprovechen las ventajas de estos cambios y se traduzca en mayor bienestar.
Este cambio nos involucra a todas las mexicanas y a todos los mexicanos, y demanda que cada uno de nosotros realice lo que le corresponde: que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo, que haya piso parejo para quienes realizan actividades productivas y que todos podamos avanzar en igualdad de oportunidades.
Resulta imprescindible fomentar un proceso de cambio de actitudes en nuestra sociedad que genere apego a los principios de la cultura contributiva, entendida como el conjunto de valores que se manifiestan en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la Ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes.
Administradora General de Servicios al Contribuyente del SAT