Resulta en verdad preocupante y hasta alarmante la cantidad de opiniones que, al menos de una manera tácita, apoyan que se le garantice la impunidad de los eventuales actos delictivos en lo que haya incurrido el candidato presidencial Ricardo Anaya. Es por completo razonable y comprensible el que se cuestione en forma apasionada al régimen en funciones por el uso discriminatorio del instrumental de persecución de delitos y administración de justicia, pero saltar de ahí a manifestar oposición a que se investiguen y se esclarezcan las pruebas y contundentes indicios de corrupción y responsabilidad penal imputable al candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), existe un abismo de injusticia e irracionalidad.
¿En qué país vivimos? ¿En uno en donde quienes predican honestidad y enarbolan la bandera contra la corrupción, deciden garantizar la impunidad de un funcionario público corrupto por ser destacado candidato presidencial con quien simpatizan o han establecido amistosas relaciones personales? ¿Es ese el nivel de calidad moral de una parte de nuestra cúpula intelectual?
Comencemos por revisar algunos hechos clave que son muy sintomáticos en torno al carácter y la capacidad de mentir con singular desenfado, de manera enfática y sin remordimiento alguno, que revelan un elevado grado de cinismo del muy audaz candidato queretano. Se trata de hechos concretos, plenamente documentados y verificables que envían señales clarísimas sobre cómo debiéramos evaluar sus declaraciones.
Para tratar de eludir el ilícito hecho de que la difundida venta que realizó de la propiedad que comprara en 10 millones 717 mil 644 pesos y que una vez equipada con 6 bodegas la vendiera en 53 millones 765 mil 31 pesos a la empresa fantasma Manhattan Master Plan Development, la cual se creó tres meses antes de la operación con un capital exhibido de 10 mil pesos, con domicilio en un terreno baldío y propiedad de dos socios que estaban muy distantes de constituirse como millonarios capitalistas: eran el chofer Luis Alberto López y Ma. Amada Ramírez, una empleada del múltiples veces negado amigo de gran confianza Manuel Barreiro Castañeda.
Esa empresa de 10 mil pesos, como por arte de magia, 3 meses después le pagó a Juniserra —la empresa que Anaya comparte con la familia de su esposa, pero que junto con ella detenta la mayoría de las acciones— los 53.7 millones. Ante lo delicado de dejar esos comprobables rastros de triquiñuelas e ilícitos fiscales e incongruencia con la realidad, decidieron incorporar al Arq. Juan Carlos Reyes García como accionista de la Manhattan y ahora Anaya, ante los cuestionamientos sobre quién le pagó los 53 millones responde enfático y sin el menor titubeo que fue este arquitecto, pero en las escrituras de compra-venta de agosto de 2016 quedó plena constancia de que miente.
Ahí no figura Juan Carlos Reyes ni su hermano Sergio, a quienes les cedieron las acciones de la Manhattan hasta septiembre. Los Reyes lograron ya de manera extraña un amparo para evitar ser investigados. ¿Alguien podría creerle al hoy multimillonario Anaya que no es cómplice del complejo proceso de lavado de dinero de los 53.7 millones, los cuales tuvieron que atravesar por varios paraísos fiscales para desembocar en sus cada vez más abultados bolsillos? ¿Quién podría creerle a alguien que miente con tanta seguridad y cinismo, aun ante evidencias en contrario? Tendremos que continuar exponiendo otras facetas de sus mentiras.
amartinezv@derecho.unam.mx @AlejoMVendrell
