Nuestro país tiene muchísimos problemas, entre estos, tenemos una cuestión estructural llamada el embarazo adolecente. Dentro de las causas de esta tragedia podemos encontrar la violencia sexual en el ámbito familiar. En efecto, son personas cercanas las que agreden a la infancia, por ejemplo en los años 2016 y 2017 se interpusieron solo 479 denuncias en el primer año y 277 en el segundo por los delitos de violación, estupro ente otros. El punto es que hubo 9555 nacimientos en 2016 y 9748 en 2017, de niñas que tienen entre 10 y 14 años. Nadie en su sano juicio puede considerar correcto lo que está sucediendo. Muchísimos de estos nacimientos son productos de delitos que no se están denunciando cómo se aprecia de los datos. La sociedad mexicana confía cada vez menos en las instituciones de procuración de justicia o no sabe cómo acercarse a la justicia. Se necesita hacer realidad eso de una justicia más cercana a la población. Dicho en otras palabras, se necesita una campaña de educación jurídica.
El embarazo adolecente también está relacionado con el consumo de drogas. Las niñas que son expulsadas del seno familiar por la violencia están en las calles, y pueden llegar a consumir estupefacientes, según los datos es mayoritariamente el estupefaciente conocido como cristal, donde personas adultas ejercen violencia sexual en contra de ellas, quedan embarazadas y no hay institución que atienda este fenómeno. Aquí se da cuenta, de la necesidad de una política integral de drogas, la urgencia de que los servicios de salud estén pendientes tanto de la prevención del embarazo y de las adicciones, y de que las instituciones que están encargadas de la infancia en situación de calle hagan su trabajo.
En este tema se han planteado soluciones. En primer término, el aborto debe ser una herramienta que esté a disposición de las niñas y adolecentes en todos estos casos. En México ya tenemos una norma oficial mexicana, conocida como la norma 046 que se debería de cumplir por todas las autoridades del Estado mexicano. Sin embargo, no se acata y se les niega el aborto a estas niñas y adolecentes, dicho en otras palabras: se les obliga a ser madres. Además debe existir una campaña nacional de información sobre el aborto y el acceso al mismo, regresamos a la urgencia de educar a todos y a todas sobre sus derechos, mucho más en este problema.
En segundo plano, se debe de establecer un programa de acompañamiento integral entre el sector salud y educativo para la detección de la violencia en el ámbito familiar, y la promoción del derecho de las niñas y de las adolecentes a una vida libre de violencia. Lo anterior debe contener recursos educativos para los procesos de toma de decisión, proyecto de vida y el apoyo de los programas sociales para transformar la realidad de este sector de la población y revertir este problema estructural. Todos y todas queremos que las niñas y adolecentes sean mujeres que tomen todas las decisiones sobre sus vidas para poder ir resolviendo este drama y reconstruir nuestra sociedad.
El gobierno federal tiene una estrategia nacional (ENAPEA) que no ha dado los resultados deseados, y lejos de que esté disminuyendo el embarazo adolecentes éste va en aumento, quizá es momento de pensar y hacer cosas diferentes para tener resultados distintos.
