La religión siempre ha estado presente en la vida del ser humano. Su relevancia es tal, que en determinados momentos históricos, de ella emanaba el poder y lo que se ha entendido por “derecho”. La mayoría de los Estados modernos han logrado bifurcar o desvanecer esta situación, en mayor o menor medida, dependiendo de su cultura, historia y tradición jurídica.
En México, hace poco más de 150 años se promulgaron las emblemáticas Leyes de Reforma, las cuales tenían por objetivo principal la separación entre Estado e Iglesia. Con ellas inició la consolidación del incipiente Estado Mexicano, la edificación de instituciones laicas y la composición de gobiernos sin conexiones religiosas evidentes. Al día de hoy, la discusión parecía más que olvidada, y un gobierno sin relación alguna con el credo parecía constituirse en una situación normalizada.
No obstante, y contrario a lo que usted amable lector pudiera imaginarse, recientemente se suscitó la presentación de una iniciativa que atenta contra el canon de separación entre Iglesia y Estado, y la cual revive preocupaciones enterradas en el siglo XIX y los albores del siglo XX. La iniciativa fue presentada por la senadora María Soledad Luévano Cantú, misma que suscitó, en su mayoría, las más contrarias opiniones, vertidas por miembros del propio partido de la senadora, legisladores de otros partidos e, inclusive, de líderes religiosos, como el arzobispo Carlos Aguilar Retes.
Las redes sociales no fueron ajenas a la controversia y los usuarios arremetieron en contra de la propuesta de la Senadora. Las opiniones coinciden en un punto: la iniciativa afrenta el Estado laico que se construyó desde tiempos del Presidente Juárez. Otras opiniones, menos tolerantes, laceraban con comentarios referentes a la función de la legisladora, pero realmente ¿cuáles son los alcances de la iniciativa?
La versión consultable en la página del Senado de la República contiene múltiples pasajes desafortunados, con escasa técnica legislativa, pero otros tantos no pugnan por modificaciones tan graves como parecería aquél encabezado que vaticina abruptamente el derrocamiento del Estado laico. En efecto, diversos párrafos de la propuesta que serían incompatibles con el texto constitucional, con nuestro sistema de gobierno y con la forma en que se entienden los derechos humanos, aunque otras tantas modificaciones son menores y más bien tratan de desarrollar el contenido del artículo 24 que protege la libertad religiosa. Los entramados normativos más preocupantes que contempla la iniciativa son, por ejemplo, la coordinación entre gobierno y asociaciones religiosas para asuntos de índole social, o bien, la legalización de espacios religiosos en sede del poder público.
La discusión sobre este tema ha sido bastante ardua, llegando al punto en que el titular del Ejecutivo Federal tomó parte en el diálogo y expresó su disconformidad con la propuesta. Enseguida, la líder del partido de la senadora proponente y del propio Presidente, dejó claro que dicha iniciativa “estaba muerta” y que había que respetar los valores del partido.
Más allá de los principios que orienten a determinado partido político, lo cierto es que como ciudadanía nos tiene que quedar claro que este tipo de propuestas –aunque nos desagraden- son parte del ejercicio democrático del país, así como que existen instituciones que harán un contrapeso en el seno de la legislación y que tutelan la vigencia los principios y derechos constitucionales. Una propuesta no despedaza años de construcción institucional, por más incongruente que nos parezca.
