En el año 2016, se realizó un gran esfuerzo para abatir el fenómeno de la corrupción. Así las cosas, se modificaron más de setecientas leyes, se creó un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se generó un sistema ciudadano para colaborar con las autoridades y un sinfín de cambios. Sin embargo, pese a todo lo implementado, no han cesado los problemas de corrupción que erosionan tanto a las instituciones como a la democracia. En este sentido, no podemos pasar desapercibido que ese gran cambio institucional y normativo, se dio en el sexenio que tuvo los escándalos de Rodrigo Medina de la Cruz, Javier Duarte, Lozoya, entre otros.
Ahora bien, la corrupción es un fenómeno mundial que no es de fácil solución, pues, se necesita un cambio de reglas formales e informales para reducir este cáncer de los Estados modernos. La salida a este problema no es nada sencilla y no existe una fórmula mágica para resolverlo. Incluso, algunas veces, la solución llega de cambios estructurales que tenían otro propósito; querido lector mire usted:
En México, el sistema de administración de justicia registra problemas de corrupción, la mayoría de estos se alimentan de la secrecía, reglas informales, una sociedad que asume a la corrupción como algo normal, la opacidad y una inercia en ciertos servidores públicos. Existen problemas estructurales que se crearon en torno a todas las instituciones del Estado mexicano, por ejemplo, en materia penal podemos crear una imagen:
Hace 5 años, un abogado, en una defensa penal por robo o fraude, tenía que lidiar con el oficial del juzgado (la persona que hace las tareas más básicas en el tribunal), más adelante tenía que tratar con el secretario de acuerdos (la persona que está debajo del juez) y, por último, con la juez o el juez. En la mayoría de los casos, cada uno de estos servidores públicos había generado prácticas de corrupción. Por supuesto que había y hay juzgados impolutos, pero no eran la mayoría. Lo anterior, cambió con la reforma al juicio acusatorio-oral. No fue el SNA, las setecientas leyes modificadas, la 3 de 3 ni otros cambios institucionales los que cambiaron las reglas de juego, sino la publicidad, la reducción del personal que interviene, las audiencias video grabadas y la capacitación. Me explico:
El mismo abogado o abogada que ahora realiza la defensa penal, por el robo o el fraude, solo tiene contacto con el juez en una audiencia video grabada en la que está presente el ministerio público. Esto ha reducido la corrupción cotidiana en los juicios penales. El secreto fue la publicidad y la falta de contacto con otros funcionarios. Una reforma para mejorar la calidad de la justicia penal, también fue útil para ayudar con esa enfermedad de la administración pública.
Por tanto, si bien las normas jurídicas para combatir la corrupción constituyeron un avance en 2016, también es cierto que, actualmente, el tema ya no debería versar en la creación de nuevas leyes para combatirla. Debería centrarse en implementar nuevos mecanismos, nuevas formas de abordar el problema y, también, centrarnos en mayor publicidad y garantizar la transparencia en las actuaciones de las instituciones. En fin, actualmente el combate a la corrupción va más allá de simplemente redactar disposiciones jurídicas, quedarse en el modelo de subir penas o la vieja práctica de los peces gordos. Es momento de comenzar a cuestionar cómo mejorar el combate de manera práctica y sencilla.
